El Colegio Público de Abogados inició reuniones de trabajo para analizar el proyecto impulsado por el Superior Tribunal de Justicia. Advierten que la propuesta podría generar más demoras, reclaman haber sido excluidos de la elaboración y preparan un documento que presentarán ante la Legislatura.
El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn inició una serie de reuniones con sus matriculados para analizar el proyecto del nuevo Código General de los Procesos para la Provincia del Chubut, una iniciativa remitida por el Superior Tribunal de Justicia que actualmente se encuentra en tratamiento legislativo.
La institución convocó a los profesionales del derecho con el objetivo de elaborar una posición técnica que será elevada a la Legislatura Provincial, luego de manifestar formalmente su preocupación por la falta de una instancia de consulta previa con los colegios profesionales antes del envío del proyecto.
Según informó la entidad, en el primer encuentro participaron abogados de Puerto Madryn y Trelew, quienes coincidieron en la necesidad de realizar un análisis exhaustivo tanto de la forma como del contenido de la iniciativa.
El ex presidente del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn, Ricardo Gabilondo, explicó que el trabajo apunta a revisar artículo por artículo el proyecto antes de fijar una postura institucional definitiva. No obstante, reconoció que entre los profesionales existe un rechazo casi unánime a la propuesta.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la intención de unificar en un mismo código los procedimientos civiles, comerciales, laborales y de familia.
Gabilondo sostuvo que cada una de esas materias posee características propias y advirtió que trasladar criterios aplicables al fuero de familia a otros procesos podría afectar principios esenciales del derecho procesal civil, otorgando mayores facultades al juez y generando, según su visión, un escenario de mayor inseguridad jurídica.
Otro de los puntos observados es la profundización del sistema de oralidad como eje central del proceso judicial.
Si bien reconoció que la oralidad puede aportar herramientas útiles, consideró que el Poder Judicial no cuenta actualmente con la estructura necesaria para sostener un esquema de audiencias obligatorias en todos los expedientes.
«El cuello de botella sigue siendo la realización de las audiencias y el dictado de las sentencias», señaló, al indicar que el problema no radica en las reglas procesales vigentes sino en las limitaciones operativas del sistema judicial.
En ese sentido, recordó que en los últimos años la digitalización de expedientes, las notificaciones electrónicas y las audiencias remotas permitieron agilizar considerablemente la tramitación de las causas, por lo que entiende que una reforma integral no necesariamente resolverá las demoras que hoy presenta la Justicia.
Desde el Colegio también plantearon que una transformación de esta magnitud requerirá mayor infraestructura, más magistrados y recursos económicos adicionales, en un contexto donde la provincia mantiene vigente la emergencia económica.
Las reuniones de análisis continuarán durante las próximas semanas y el objetivo es concluir un documento con observaciones y propuestas para ser presentado durante el tratamiento legislativo.
Gabilondo consideró que la discusión debería comenzar con un diagnóstico sobre el funcionamiento actual de la Justicia antes de modificar completamente las reglas procesales y sostuvo que, en su opinión, sería más conveniente introducir mejoras puntuales sobre la normativa vigente antes que avanzar con un nuevo código integral.
