La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut presentó una nota formal al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Javier Roldán, solicitando información detallada sobre una serie de decisiones adoptadas recientemente por ese cuerpo, entre ellas el aumento salarial a ministros y funcionarios de alto rango.
En el escrito, fechado el 23 de mayo y firmado por Claudio Alejandro Petris (presidente) y Marcela Pérez Bogado (secretaria), se requiere información pública respecto de:
Nombramientos y ascensos dentro del Poder Judicial, incluyendo al Ministerio Público, efectuados a partir del 1 de enero de 2023. Se pide conocer los fundamentos de cada uno y la normativa que los respalda.
Incrementos salariales otorgados a ministros del STJ, al Procurador General y al Defensor General, con especial atención a los aumentos que se aplicaron bajo la figura de «equiparaciones», y si esos aumentos también alcanzaron al resto de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial.
Modificaciones presupuestarias dispuestas por la Administración General del STJ mediante resoluciones administrativas —como las N.º 545/23 y N.º 678/23— que autorizaron nuevas partidas salariales, y si esos fondos fueron comunicados debidamente a toda la planta judicial.
Además, la Asociación advierte que en algunos casos se habrían dispuesto adicionales que permitirían que funcionarios o empleados perciban un porcentaje del salario que cobra un ministro “por todo concepto”, y pide precisiones al respecto.
Este pedido de explicaciones se da en un contexto de creciente inquietud interna en el Poder Judicial, donde trascendió el malestar tanto en ámbitos gremiales como entre magistrados y funcionarios judiciales.
Desde el sindicato judicial evitan por ahora declaraciones públicas, pero fuentes consultadas admitieron que las recientes resoluciones del STJ “alimentan una percepción de privilegio en la cúpula del Poder Judicial”, en contraste con los reclamos aún no atendidos del personal de las circunscripciones más postergadas.
También en colegios de abogados del interior provincial hubo cuestionamientos por el hermetismo en torno a las designaciones y los criterios salariales adoptados, que —según afirman— no siempre se reflejan en mayor eficiencia ni transparencia institucional.
“El mayor malestar está entre los propios jueces”,se escuchó en pasillos tribunalicios. “Se enteran por trascendidos de decisiones que impactan directamente en la estructura salarial, mientras se exige austeridad en todos los niveles”.
