En medio de una escalada de reclamos salariales en todos los sectores de la administración pública de Chubut, con paros, movilizaciones y pérdida creciente del poder adquisitivo, los ministros del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General resolvieron aumentarse sus haberes en un 10%, con retroactividad al 1 de febrero. Lo hicieron por acordada interna, sin debate público, sin discusión paritaria ni fundamento transparente.
La decisión contrasta de forma alarmante con la situación que viven miles de trabajadoras y trabajadores estatales en la provincia. Viales, docentes, judiciales, trabajadores de la Ex-Ley 1987 y personal de distintas áreas reclaman aumentos urgentes que permitan, al menos, empatar con la inflación y acercarse al costo de vida real.
Mientras en la calle se exige lo básico —sueldo digno, infraestructura mínima, continuidad de paritarias— en los despachos del Poder Judicial los aumentos se deciden a puertas cerradas.
El contraste no es solo ético, es obsceno. El gremio vial, por ejemplo, realizó un relevamiento detallado de una canasta básica sectorial: una familia tipo necesita $3.295.000 mensuales para cubrir sus gastos esenciales.
El sueldo promedio de un trabajador vial ronda los $2.000.000, lo que implica una brecha del 50%. Docentes recién iniciados ganan apenas $572.000, con escuelas que no pueden abrir por falta de gas. Empleados judiciales aceptaron un miserable 2,5% de recomposición —parte de una deuda del 15,5%— como gesto de “confianza” hacia un nuevo ministro.
La Ex-Ley 1987 moviliza porque el último aumento real fue del 3%… en noviembre del año pasado.
Mientras todos estos sectores esperan respuestas del Ejecutivo provincial, que sigue sin habilitar paritarias generales, los ministros del Superior Tribunal y el Procurador General aplican para sí un aumento discrecional, que se suma a otro beneficio: un nuevo cálculo de antigüedad más favorable que el anterior. Es decir, no solo se auto asignan más sueldo, sino que mejoran también la progresividad de sus ingresos futuros.
No es un hecho aislado ni meramente administrativo. Es una señal política. En una provincia donde se pide austeridad a la base del Estado, los magistrados se reservan el privilegio de legislar sus propias mejoras salariales, sin pasar por la urgencia ni la angustia del resto de los trabajadores.
¿Dónde queda la “independencia del Poder Judicial” cuando esa independencia se traduce en privilegios? ¿Cómo se sostiene la legitimidad de un poder del Estado que se aumenta el sueldo mientras la mayoría apenas sobrevive?
La fractura entre el poder y la base se ensancha. Y el mensaje, una vez más, es claro: no todos en Chubut sufren la crisis por igual.
