El cierre con alambrados de los miradores de La Boca y la pingüinera de Caleta Valdés generó una fuerte reacción en el sector turístico de la Península Valdés. La medida, adoptada en plena temporada y a días de las elecciones, dejó sin acceso a cientos de visitantes y encendió la alarma entre guías, agencias y transportistas.
Una de las voces más duras fue la de Natalia Curín, experimentada guía de turismo, quien en una entrevista radial en LU 17 Golfo Nuevo, expresó su indignación por el avance de intereses privados sobre espacios públicos:
“Jamás hubiésemos esperado esto. Teníamos la palabra del ministro de que no se cerraba nada, y al otro día, la Boca amaneció alambrada. Esto afecta directamente al turismo: uno ya vendió la excursión, la gente viene con la ilusión de ver los pingüinos, los lobos marinos, las orcas. Y de repente, todo cerrado. Cada vez menos lugares para mostrar dentro de la Península.”
Curin apuntó directamente contra el biólogo Pablo García Borboroglu, fundador de la Global Penguin Society (GPS), a quien responsabiliza por haber ordenado personalmente el cierre de los miradores. “Está el señor de los pingüinos, autoproclamado. En algún momento declaró que quiso hacer un emprendimiento turístico con pingüinos, pero no lo dejaron porque es ganadero. Ahora parece que decide quién puede verlos y quién no”, señaló. (AUDIO)
Durante una reunión en el hotel Rayentray de Puerto Madryn, el propio Borboroglu reconoció públicamente haber dispuesto los cierres, contradiciendo al ministro de Turismo, que había atribuido la decisión a la dueña de la estancia Ferro. El episodio generó indignación entre los prestadores, que cuestionan el doble rol del biólogo como asesor del Estado y de intereses privados.
Curin, en su publicación en redes, sintetizó el trasfondo del conflicto en un texto que rápidamente se viralizó:
Resumen de la publicación de Natalia Curín
El negocio detrás de la conservación en Península Valdés
La Península Valdés, Patrimonio de la Humanidad, atraviesa un conflicto por el acceso público a sus pingüineras y miradores. Pablo García Borboroglu, biólogo y fundador de la Global Penguin Society, admitió públicamente haber ordenado el cierre con alambrado de los miradores en La Boca y Caleta Valdés, generando indignación entre turistas, guías y prestadores locales.
El problema es que Borboroglu asesora tanto al Ministerio de Turismo como a la estancia Ferro, los dos “actores en disputa”, lo que lo convierte en juez, parte y asesor al mismo tiempo. Tras la presión del sector turístico, los miradores fueron reabiertos temporalmente, aunque el gobierno adelantó que el tema se revisará después de las elecciones.
Se lo cuestiona por promover un modelo de conservación que restringe el acceso público y favorece la privatización de espacios naturales, con vínculos internacionales que generan sospechas sobre la influencia de intereses externos. Se recuerda además su participación en la “causa pingüinos” en Punta Tombo, donde denuncias iniciales sobre matanzas fueron luego consideradas exageradas por peritajes estatales.
El cierre de estas áreas pone en riesgo la economía regional, el turismo responsable y la gestión comunitaria del patrimonio, al concentrar decisiones en actores privados en lugar de un diálogo entre Estado, científicos y comunidades locales. Se advierte que la verdadera conservación depende de quienes conviven diariamente con la fauna y que el silencio y la falta de transparencia podrían afectar el acceso y la libertad de la población.
El conflicto reabre una discusión de fondo: ¿defender la naturaleza implica cerrar el acceso a quienes viven de ella y la protegen desde hace décadas?
Mientras las ONG internacionales acumulan poder e influencia, los trabajadores del turismo —que han sido históricamente aliados de la conservación— ven amenazada su fuente de ingresos y su derecho a participar en la gestión de un Patrimonio de la Humanidad.
En nombre de la “protección”, se están levantando alambrados que separan a la comunidad de su propio paisaje. Si la situación no se revierte, advierten los guías, Península Valdés corre el riesgo de transformarse en un laboratorio privado donde la conservación se mide en dólares y no en compromiso local.
