Desde la Defensoría del Pueblo del Chubut expresamos nuestra preocupación por la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 que comunicó ayer el actual presidente Javier Milei. El mismo deroga o modifica más de 300 leyes nacionales que protegen derechos fundamentales para nuestra sociedad.
Consideramos que el carácter de necesidad y urgencia no es aplicable a las modificaciones que plantea el actual gobierno nacional, ya que limita derechos laborales, restringe el derecho a huelga, desprotege al usuario y consumidor, coarta la pluralidad de voces, desregula a las prepagas, entre otras modificaciones a leyes que fueron debatidas durante años en el Congreso Nacional por los y las representantes del pueblo.
A 40 años de la recuperación democrática en nuestro país es inaceptable que no se respete el Art. 29 de nuestra Constitución Nacional que establece que “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”.
Como institución que tiene el rol de defender los derechos y garantías constitucionales alertamos sobre el grave atropello que significa este decreto porque pone en peligro el acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, a tener trabajo y derechos laborales. Asimismo, está en riesgo la protección de las libertades individuales, la igualdad de acceso a derechos y la seguridad ciudadana.
Frente a este decreto, redoblamos nuestros esfuerzos para cumplir con Resolución 75/186 de la ONU en donde destaca el papel de las instituciones de ombudsman en “la promoción y protección de los derechos humanos, la buena gobernanza y el Estado de Derecho”.
Por eso, es fundamental que las medidas expresadas para “restructurar la economía”, sean debatidas en el Congreso Nacional que es la expresión de nuestro sistema democrático representativo y federal. Los representantes del pueblo tienen el deber de poner en discusión cada una de las reformas que pretende este DNU, teniendo en cuenta a la ciudadanía y sus derechos.
