Lo que ocurre hoy en la Justicia de Chubut no es una crisis más. Es una exhibición descarnada del poder juzgándose a sí mismo. Y como en los viejos trucos de prestidigitación institucional, todo termina donde empezó: con los acusados absueltos, el expediente cerrado y una grieta cada vez más profunda entre la estructura judicial y la sociedad que, se supone, debe representar.
La renuncia del juez Marcelo Petris a la presidencia de la Asociación de Magistrados fue solo el primer temblor. Se fue acosado por una campaña en redes sociales que encontró eco rápido en la política, con el propio gobernador Ignacio Torres sumando presión pública. Petris, al menos en lo formal, no renunció por la denuncia penal contra los ministros del STJ. Lo hizo por la falta de respaldo interno, y porque entendió —tarde, quizás— que el poder que lo empujaba a actuar no lo iba a acompañar si las consecuencias se volvían incómodas.
El segundo golpe llegó con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, que desestimó lisa y llanamente la denuncia presentada por la propia Asociación contra los integrantes del Superior Tribunal. No hubo delito, dijeron los fiscales Lucas Papini, Lucas Kolstch e Ivana Berazategui. No importa que la acusación detallara beneficios económicos para los jueces a partir de decisiones tomadas por ellos mismos. No importa que los fiscales no notificaran a la parte denunciante ni permitieran recusaciones. No importa que uno de ellos —Papini— mantenga vínculos personales y académicos con los denunciados. Para el sistema, no hubo delito. Y el caso se cerró.
Pero esta vez, el silencio no alcanzó. La Asociación —ahora bajo la presidencia de Agustina Momo— respondió con un comunicado lapidario. Habló de arbitrariedad, de encubrimiento, de contradicción con normas internacionales contra la corrupción. Denunció a los fiscales, anunció recursos legales e incluso la posibilidad de acudir a instancias internacionales. Un texto inusualmente directo, que pone en palabras lo que muchos piensan pero pocos se animan a decir en voz alta: el Poder Judicial de Chubut no resiste el más mínimo análisis de independencia.
Y en medio de ese fuego cruzado, la representación gremial cruje. La Asociación de Magistrados llegó a tener más de 450 afiliados. Hoy no alcanza los 300. Hay malestar, hay distancias, hay funcionarios y jueces que ya no se sienten parte ni representados. Crece la idea de crear otra entidad, con otra lógica, con otra voz. Y sobre todo, con otra relación con la sociedad.
Porque ese es el centro de todo: el vínculo roto entre la Justicia y la ciudadanía. Un sistema que se autoprotege, que se juzga y se absuelve, que responde con comunicados cuando debería hacerlo con actos concretos. Que normaliza sobresueldos, designaciones a dedo, uso discrecional de vehículos, viáticos diferenciados y falta de información pública. Que se ofende cuando lo señalan, pero se calla cuando se lo interroga.
La impunidad del poder no es solo un problema ético. Es un límite estructural. Y si el sistema judicial no puede —o no quiere— revisarse a sí mismo, entonces el verdadero poder está en otra parte. Y no precisamente del lado de la justicia.
