El gobernador cuestionó con dureza al juez que ordenó reforzar la alimentación de los detenidos. Pero un expediente oficial de su propia administración reconoce problemas desde marzo y pidió comprar, con carácter urgente, 555 kilos de carne.
Hay un dato que vuelve particularmente llamativa la nueva pelea entre el gobernador Ignacio Torres y la Justicia de Chubut.
Torres salió públicamente a cuestionar al juez Marcelo Nieto Di Biase luego de que la Justicia ordenara al Poder Ejecutivo reforzar la alimentación de las personas privadas de su libertad alojadas en el Instituto Penitenciario Provincial y otras dependencias de la zona.
El gobernador calificó la decisión como una expresión de “garantismo berreta” y cuestionó que determinados sectores de la Justicia, según su interpretación, estén más preocupados por los derechos de los delincuentes que por los de los ciudadanos.
Pero hay una contradicción difícil de pasar por alto.
El problema alimentario no fue inventado por un juez. Está reconocido en un expediente del propio Gobierno de Chubut.
El 14 de agosto, la Dirección General de Políticas Penitenciarias y Reinserción Social elevó una solicitud de carácter “URGENTE, EXTRAORDINARIO Y TRANSITORIO” para adquirir 555 kilos de proteína animal destinados a reforzar la alimentación de las personas privadas de libertad.
El pedido contemplaba 197 kilos de pollo, 179 kilos de carne vacuna y 179 kilos de carne porcina.
La documentación oficial explica además por qué era necesaria esa compra: los reclamos por la alimentación se venían produciendo desde marzo y habían intervenido nutricionistas, profesionales médicos, la Defensa Pública y la Justicia.
No se trataba, por lo tanto, de una cuestión surgida de un día para otro.
Cinco meses de reclamos
Los antecedentes incorporados a las actuaciones judiciales muestran una secuencia que comenzó en marzo.
En abril se planteó que la situación alimentaria se había agravado a partir de modificaciones en el menú de la empresa Cook Master, contratada por la Provincia para prestar el servicio de alimentación.
En mayo, una evaluación nutricional concluyó que el menú general no cubría adecuadamente los requerimientos proteicos diarios.
También se observaron problemas relacionados con la temperatura de los alimentos. Una profesional advirtió que las comidas podían permanecer durante varias horas a temperatura ambiente antes de ser entregadas, generando un riesgo de contaminación.
Otro informe profesional recomendó incorporar al menú un alimento con una densidad proteica equivalente a la carne.
Los reclamos continuaron durante julio y agosto, incluyendo planteos por insuficiencia calórica, malestar gastrointestinal y el incumplimiento de dietas especiales indicadas por profesionales de la salud.
Es en ese contexto que aparece la decisión del Gobierno de comprar carne.
El propio Gobierno reconoció la necesidad
El expediente provincial no deja demasiado margen para la interpretación.
La Dirección General de Políticas Penitenciarias sostiene que los inconvenientes vinculados al servicio alimentario “no constituyen hechos aislados ni recientes” y que se vienen registrando reclamos desde marzo.
También reconoce que las observaciones profesionales apuntaron específicamente al aporte proteico de las raciones.
Y establece algo todavía más importante: aun cuando exista una empresa contratada para prestar el servicio, la responsabilidad sobre las condiciones de detención continúa siendo del Estado provincial.
Por eso se solicitó la compra extraordinaria de carne.
No para reemplazar a Cook Master, sino como refuerzo de las raciones mientras se analizaba la situación del servicio.
LA AUDIENCIA Y LA ORDEN JUDICIAL
El 19 de agosto se realizó la audiencia convocada por el juez Marcelo Nieto Di Biase.
Participaron funcionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia, representantes de la Defensa Pública y dos internos del Instituto Penitenciario Provincial.
Durante la audiencia, el subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena, reconoció que la empresa había disminuido la cantidad de proteína —carne— incluida en los menús y explicó que el Gobierno había iniciado un expediente para realizar una compra destinada a reforzarlos.
La Defensa Pública reclamó además controles periódicos sobre la comida y cuestionó el funcionamiento del servicio prestado por la empresa.
Los internos habían iniciado una huelga de hambre. Según consta en el acta, la medida fue levantada a partir del compromiso asumido por el Ministerio de Seguridad y Justicia y con la condición de que existiera seguimiento sobre el cumplimiento.
El juez, finalmente, intimó al Poder Ejecutivo a que en un plazo de 72 horas administrara los alimentos cuya compra ya estaba en proceso y convocó a una nueva audiencia para controlar el cumplimiento de lo acordado.
Es decir, la Justicia no ordenó al Gobierno que comenzara de cero una política alimentaria.
Ordenó que cumpliera con una solución que el propio Gobierno ya había anunciado y puesto en marcha.
COOK MASTER, OTRO CAPÍTULO DE LA HISTORIA
El caso abre además un interrogante sobre la empresa Cook Master.
La firma es la contratista encargada del servicio de alimentación y su prestación viene siendo cuestionada en las actuaciones judiciales.
La Defensa Pública incluso pidió que la empresa fuera apartada del servicio y reclamó controles periódicos sobre las viandas.
Al mismo tiempo, el propio expediente administrativo deja expresamente establecido que la compra extraordinaria de carne no libera ni modifica las obligaciones contractuales de Cook Master.
Hay además un dato llamativo: en el Instituto Penitenciario Provincial se elaboran diariamente cientos de viandas y, según quedó asentado en la audiencia, son los propios internos quienes participan de la elaboración de las comidas.
Por eso, si finalmente se produce una salida de la empresa, habrá que observar cómo se resuelve la prestación del servicio.
¿Quién cocinará? ¿Quién garantizará los controles sanitarios y nutricionales? ¿Quién proveerá los alimentos?
Y una pregunta especialmente sensible: ¿volverá el personal policial a hacerse cargo de la elaboración de las comidas?
Sobre una eventual salida de Cook Master por una supuesta deuda del Estado, por ahora no hay elementos públicos suficientes para afirmarlo como un hecho. Pero si esa situación existiera, sería razonable que el Gobierno explicara cuál es el estado del contrato y cómo piensa garantizar la continuidad del servicio.
EL VERDADERO EJE DE LA DISCUSIÓN
La controversia terminó convirtiéndose en una nueva disputa política entre el Poder Ejecutivo y la Justicia.
Pero el expediente permite correr por un momento esa discusión y mirar los hechos.
Personas privadas de su libertad reclamaron durante meses por la alimentación.
Intervinieron profesionales de la nutrición y del área médica.
La Defensa Pública presentó distintos hábeas corpus.
La Justicia convocó audiencias.
Y finalmente el propio Gobierno provincial pidió comprar 555 kilos de carne para reforzar las comidas.
Entonces aparece una pregunta inevitable:
Si el propio Gobierno reconoce el problema, ¿por qué la principal reacción política consiste en cuestionar al juez que ordena solucionarlo?
Se puede discutir el costo del sistema penitenciario, los contratos, los controles, la seguridad y las políticas de reinserción.
Se puede discutir incluso si el mecanismo elegido por el Estado para alimentar a los detenidos es el más eficiente.
Pero hay una cuestión que no debería confundirse con esa discusión: las personas privadas de su libertad están bajo custodia del Estado y éste tiene la obligación de garantizar condiciones mínimas de alimentación, salud y dignidad.
Por eso, quizás la noticia no sea solamente que un juez pidió carne para los presos.
La noticia es que mientras el gobernador acusa a la Justicia de “garantismo berreta”, un expediente de su propio Gobierno reconoce que había un problema alimentario desde marzo y solicita urgentemente 555 kilos de carne para intentar solucionarlo.
La pelea política continuará.
Pero las preguntas quedan.
Y algunas, quizás, deberían ser respondidas por el propio Gobierno.
