Hay imágenes que describen una realidad mejor que cualquier estadística. En Puerto Madryn, una de ellas se repite cada madrugada: antes de que amanezca, decenas de personas mayores forman largas filas frente al Prosate o al Hospital «Andrés Ísola» con la esperanza de conseguir un turno para un médico, un análisis o una consulta.
No esperan un beneficio. Esperan atención. Esperan ser escuchados. Esperan que el tiempo juegue a favor de su salud y no en contra.
La crisis que atraviesan los afiliados al PAMI en la ciudad volvió a quedar en evidencia tras la renuncia de nueve médicos del programa Prosate, una situación que dejó a miles de jubilados con enormes dificultades para acceder a sus prestaciones habituales.
Frente a este escenario, el Consejo de Adultos Mayores impulsó una reunión de trabajo que finalmente se realizó en la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Puerto Madryn. Participaron autoridades provinciales encabezadas por el secretario de Salud, Sergio Wisky, funcionarios municipales y representantes del programa Prosate.
Durante el encuentro, los representantes de los jubilados plantearon la necesidad urgente de recuperar la atención médica perdida. Como alternativa, el Gobierno provincial propuso asumir el pago de un plus por productividad que permita recomponer los ingresos de los profesionales y favorecer su continuidad dentro del sistema.
Mientras tanto, el intendente Gustavo Sastre también tomó intervención en el conflicto, manteniendo reuniones con representantes del Consejo de Adultos Mayores y referentes locales del PAMI. El jefe comunal fue especialmente crítico con la situación y llegó a definirla como un «abandono de persona», recordando además que el Municipio ya implementó herramientas paliativas como el Banco de Alimentos y el Banco de Medicamentos para asistir a los sectores más vulnerables.
SIN EMBARGO, EL PROBLEMA EXCEDE AMPLIAMENTE LA REALIDAD LOCAL
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, viene advirtiendo que la crisis prestacional del PAMI afecta a millones de afiliados en todo el país. Según explicó, el recorrido que debe realizar un jubilado para acceder a un diagnóstico se transformó en un verdadero «juego de la oca»: primero debe conseguir turno con su médico de cabecera, luego esperar entre 45 y 90 días para acceder a un especialista y, finalmente, enfrentar nuevas demoras o incluso rechazos por cupos administrativos para estudios médicos.
«Las enfermedades no tienen tiempos administrativos», resume Semino. Mientras los expedientes avanzan lentamente, las patologías continúan su evolución.
Esa descripción nacional encuentra un doloroso reflejo en Puerto Madryn. Para muchos adultos mayores, la espera dejó de ser una incomodidad para convertirse en un riesgo sanitario.
Hay personas que deben aguardar meses para completar un circuito médico que debería resolverse en días. Y cuando finalmente llega el turno, muchas veces aparecen nuevas derivaciones que prolongan aún más el proceso.
La salud de los adultos mayores no puede depender de discusiones administrativas, cambios en los sistemas de pago o conflictos entre prestadores y organismos. Cada día perdido puede significar un diagnóstico tardío, una enfermedad agravada o simplemente una calidad de vida que se deteriora sin necesidad.
La imagen de hombres y mujeres mayores haciendo fila antes de las seis de la mañana no debería naturalizarse. Porque cuando una sociedad obliga a quienes trabajaron toda su vida a esperar durante horas para intentar conseguir un turno médico, el problema deja de ser solamente sanitario. También interpela a toda la comunidad sobre el valor que le otorga a sus mayores.
Las reuniones, los anuncios y las promesas son necesarios. Pero para quienes esperan atención, la verdadera solución llegará recién cuando puedan dejar de madrugar para conseguir un turno y empiecen a recibir la atención médica que, por derecho, les corresponde.
