Desde hace varios meses, la situación de los accesos a distintos puntos de Península Valdés se convirtió en motivo de discusión permanente entre propietarios de campos y el Gobierno provincial, en una controversia que, lejos de encaminarse a una solución, deriva en medidas erráticas y enfrentamientos públicos. En el medio, los principales afectados siguen siendo los turistas y los prestadores de servicios turísticos, que se encuentran con cierres, restricciones y una marcada falta de previsibilidad.
El conflicto volvió a tomar estado público tras el anuncio del cierre de accesos en Caleta Valdés por parte de la familia propietaria de las tierras, acompañado por el reclamo de un canon cercano a los 7 mil dólares para permitir el paso.
En ese contexto, Alejandro Ferro, hijo de la dueña de los campos, Susana Cereijo, rompió el silencio en declaraciones radiales donde expuso la posición familiar.
Refirió a la resolución firmada por el ministro de Turismo, relativizando la validez de la misma (AUDIO)
Ferro sostuvo que actualmente el área “parece tierra de nadie” y advirtió que, ante cualquier accidente o incidente, la responsabilidad recae exclusivamente sobre el dueño del campo. Cuestionó además el estado de las instalaciones existentes, mencionando pasarelas rotas, alambres sueltos sobre barrancos y la falta de mantenimiento general, situaciones que —según afirmó— representan riesgos tanto para las personas como para la fauna.(AUDIO)
En relación con el manejo turístico, Ferro consideró que el mantenimiento y la administración deberían replicar modelos como los de Punta Tombo o incluso experiencias internacionales como El Calafate, con una gestión clara, reglas definidas y responsabilidades asumidas por el Estado.
También marcó diferencias con la Resolución del Ministerio de Turismo que ordenó la apertura de áreas cerradas, señalando que un acto administrativo “no tiene el mismo peso” que una resolución judicial.
Fue allí donde planteó uno de los ejes centrales del reclamo familiar: cualquier acuerdo para la cesión de espacios, miradores o accesos —si se pretende que sea duradero— debe firmarse directamente con el gobernador. Según expresó, la familia ha realizado acuerdos previos con la Provincia, pero entiende que solo un compromiso de ese nivel garantiza estabilidad a largo plazo. Incluso admitió que la expropiación es una alternativa posible, aunque sostuvo que debería discutirse un esquema de compensación económica para los propietarios.(AUDIO)
Sin embargo, el conflicto en Península Valdés no es un hecho aislado ni inédito en Chubut. Un antecedente clave se dio en Bahía Cracker, otro sitio de alto valor turístico, donde el Superior Tribunal de Justicia dictó un fallo ordenando la apertura y la permanencia abierta de la tranquera de acceso a la playa, sentando un precedente claro respecto al derecho de acceso a bienes de uso público, aun cuando se atraviesen tierras privadas.
A este escenario se suma el debate ambiental, utilizado en algunos casos como argumento central para justificar restricciones. Sobre este punto, el licenciado en Medio Ambiente Víctor Fratto aportó un análisis técnico que relativiza uno de los ejes más difundidos: la supuesta peligrosidad de la nidificación de pingüinos de Magallanes bajo pasarelas y miradores.
Fratto explicó que este comportamiento no es excepcional ni anómalo y está ampliamente documentado a nivel internacional, desde Australia y Sudáfrica hasta regiones subantárticas y antárticas.
A nivel local, recordó que en Cabo Dos Bahías los pingüinos nidifican de forma habitual bajo la pasarela, con estudios que incluso muestran un éxito reproductivo ligeramente superior, probablemente por menor depredación. Casos similares se registran históricamente en Punta Tombo, Estancia San Lorenzo y otras colonias de la Patagonia.
Según el especialista, la utilización de estructuras humanas forma parte de la plasticidad ecológica de la especie y no debe interpretarse automáticamente como una situación de riesgo. El problema, subrayó, no es la existencia de pasarelas o miradores, sino el manejo del uso público y la prevención de disturbios durante la temporada reproductiva.
En este contexto, no pasa desapercibido que detrás de varias denuncias ambientales de alto impacto mediático en la provincia aparece un mismo entramado de actores y estrategias, incluyendo causas resonantes por presuntas masacres de fauna que terminaron en condenas judiciales aun cuando no se lograron acreditar evidencias materiales concluyentes. Ese trasfondo también atraviesa, de manera indirecta, el debate actual en Península Valdés.
Su presencia en el lugar, fue blanqueada, sin nombrarlo por el propio Ferro (AUDIO)
Mientras tanto, el conflicto sigue sin resolverse. Sin acuerdos claros, sin reglas estables y con posiciones cada vez más rígidas, Península Valdés —Patrimonio Natural de la Humanidad— continúa siendo escenario de una disputa que expone falencias estructurales del Estado y tensiones históricas con los propietarios, pero que golpea de lleno a la actividad turística, uno de los pilares económicos de la región.
