El conflicto por el cierre intermitente de los accesos a Caleta Valdés, en plena Península Valdés, suma por estas horas un nuevo actor institucional: la Cámara Argentina de Turismo de Chubut (CAT).
Lo hace a través de un comunicado oficial en el que respalda la apertura de los miradores y el uso público del área, apelando a antecedentes históricos, normativa vigente y criterios de conservación ambiental.
Sin embargo, el posicionamiento llega con una demora difícil de ignorar.
El escenario que hoy estalló públicamente no es nuevo. El primer cierre arbitrario de los accesos por parte de la Estancia Ferro se registró en octubre, volvió a repetirse en diciembre y escaló nuevamente en enero, con idas y vueltas que incluyeron reaperturas forzadas, nuevos cierres, presencia policial y la intervención directa de autoridades del Ministerio de Turismo y de la Administración del Área Natural Protegida Península Valdés.
Durante todo ese período, quienes dieron la pelea concreta fueron los prestadores privados de servicios turísticos, afectados de manera directa por la imposibilidad de acceder a uno de los puntos más emblemáticos del circuito de Península Valdés. Fueron ellos quienes sostuvieron el reclamo, visibilizaron el problema y, ahora, avanzan incluso en una acción judicial para obtener una resolución definitiva que garantice la apertura.
La reacción institucional llegó recién después. Primero, con la resolución del Ministerio de Turismo que ordenó la apertura del acceso el pasado 13 de enero. Y ahora, con este pronunciamiento de la CAT Chubut, que si bien aporta argumentos sólidos —como el uso público ininterrumpido durante más de 25 años y la ausencia de objeciones formales dentro del Plan de Manejo— aparece cuando el conflicto ya había expuesto todas sus costuras.
El comunicado de la Cámara remarca que Caleta Valdés no es una práctica irregular ni improvisada, que el Estado provincial ha previsto históricamente infraestructura, mantenimiento y control, y que el cierre unilateral de los accesos interrumpió incluso tareas básicas de conservación. Todo ello es cierto. Pero también lo es que la advertencia llegó tarde, cuando el daño institucional, turístico y simbólico ya estaba hecho.
El conflicto dejó al descubierto una fragilidad preocupante: la posibilidad real de que un privado interrumpa durante semanas el acceso a un sitio Patrimonio Natural de la Humanidad, sin una respuesta inmediata y contundente del entramado institucional y sectorial.
La expresión de la Cámara suma, pero no alcanza para borrar la sensación de ausencia durante los momentos más críticos, cuando el conflicto crecía y la incertidumbre dominaba la temporada turística. El debate de fondo sigue abierto: cómo garantizar, de manera definitiva y sin improvisaciones, el acceso público, la conservación ambiental y la seguridad jurídica en uno de los territorios más sensibles de la provincia.
