Un conflicto que parecía encauzado vuelve a escena en la Península Valdés. A menos de tres meses del acuerdo alcanzado en octubre pasado, la propietaria de las estancias Ferro habría notificado al Ministerio de Turismo del Chubut que en la primera semana de enero volvería a cerrar los accesos a la pingüinera de Caleta Valdés, uno de los sitios de mayor atractivo turístico del área protegida.
La información generó alarma inmediata en el sector turístico, ya que se produce en plena temporada alta y de cruceros y coincide con el período de mayor interés por la presencia de pingüinos y orcas, uno de los principales motores económicos de la región.
El antecedente es reciente y aún está fresco: en octubre, el cierre de los accesos a Caleta Valdés y La Boca provocó una fuerte reacción de guías, agencias y transportistas, obligando al Gobierno provincial a intervenir y anunciar un entendimiento con la propietaria de los campos para garantizar la libre circulación y la continuidad de la actividad turística.
Hoy, ese acuerdo parece quedar sin efecto.
Una de las voces más críticas frente a esta situación fue la de Natalia Curín, guía de turismo con amplia trayectoria en la Península Valdés, quien expresó públicamente su indignación por lo que define como un avance sistemático de intereses privados sobre espacios públicos dentro de un área declarada Patrimonio de la Humanidad.
Curín advirtió que el conflicto no es un hecho aislado, sino parte de un proceso más profundo: restricciones crecientes, decisiones poco transparentes y un modelo de “conservación” que —según denuncia— termina excluyendo a quienes históricamente trabajaron en el territorio y convivieron con la fauna.
En ese marco, la guía puso el foco en el rol del biólogo Pablo García Borboroglu, a quien señala como una figura clave detrás de los cierres de accesos y como parte de una trama de doble influencia: asesor del Estado provincial y, al mismo tiempo, vinculado a intereses privados dentro de la Península.
Las sospechas no son nuevas. En octubre, Borboroglu reconoció públicamente haber dispuesto cierres de miradores, en contradicción con la versión oficial que atribuía la decisión exclusivamente a la propietaria de la estancia. Aquella admisión profundizó el malestar del sector turístico y dejó expuesta una zona gris en la gestión del área protegida, donde se superponen roles, intereses y poder de decisión.
El posible nuevo cierre de Caleta Valdés reabre así una discusión de fondo:
¿Quién decide sobre el acceso a los bienes comunes en un sitio que pertenece a toda la sociedad?,
¿Puede la conservación justificar el cercamiento de espacios públicos sin consenso ni alternativas?,
¿Qué lugar ocupan los trabajadores del turismo en la gestión de un Patrimonio de la Humanidad?
Mientras no haya definiciones claras por parte del Gobierno provincial, el temor es concreto: que, bajo el discurso de la protección ambiental, se consolide un modelo de exclusión, donde los alambrados avanzan y el acceso público retrocede, afectando no sólo a los turistas, sino a la economía regional y al vínculo histórico entre la comunidad y la Península Valdés.
Además de estos sitios, existe temor en la comunidad de pescadores artesanales por el posible cierre de los accesos a las playas Villarino y Larralde, sitios emblemáticos para la pesca.
IMAGENES ILUSTRATIVAS:
