Al cumplirse tres décadas de la creación del Consejo de la Magistratura de Chubut, el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn emitió un duro pronunciamiento en el que cuestiona la falta de transparencia, el sesgo político y la persistente desnaturalización del órgano encargado de seleccionar y controlar a los jueces de la provincia.
Lejos de adherir a una conmemoración celebratoria, el Colegio retoma y profundiza las advertencias ya expresadas en el 25° aniversario de la institución, cuando alertó sobre el desplazamiento de los Colegios de Abogados del proceso de designación de magistrados. “Quienes ocuparon los asientos reservados a la matrícula de Puerto Madryn lo hicieron sin atender las posiciones que el Colegio recoge como actor institucional independiente”, señalaron.
Ya en 2020, la entidad local había denunciado que los Consejos de la Magistratura —tanto el nacional como los provinciales— se habían convertido en “órganos políticos sometidos a las presiones y apetencias del Poder Ejecutivo”. Cinco años más tarde, aseguran que ese diagnóstico se ha confirmado, y afirman que la actual etapa es una de las más cuestionadas en la historia del Poder Judicial chubutense.
IRREGULARIDADES Y FALTA DE LEGITIMIDAD
El comunicado describe una serie de hechos que, a juicio del Colegio, agravan la crisis institucional del Consejo. Uno de los casos destacados es el de la consejera Mabel del Mármol, designada en 2023 como representante popular por la Circunscripción Puerto Madryn, a pesar de que —según la ley de paridad de género— ese cargo debía ser ocupado por un varón. La impugnación realizada por el Colegio fue desoída, y aunque el entonces presidente del Consejo, Tomás Malerba, se negó a tomarle juramento, la actual integración del cuerpo dejó sin efecto esa medida y la consejera fue juramentada igualmente.
El proceso de elección del representante de la abogacía por Puerto Madryn también fue objeto de críticas. Según el comunicado, el Superior Tribunal de Justicia nunca notificó al Colegio sobre el lugar, horario ni los detalles del comicio, lo que impidió su difusión y derivó en una participación bajísima del padrón. “La gran mayoría de los matriculados quedó privada de ejercer un derecho republicano básico”, expresaron.
Otro señalamiento apunta a la actual consejera popular por Trelew, Paula Cardozo, quien posee título de abogada, lo que —según el artículo 187 de la Constitución Provincial— la inhabilitaría para ocupar una representación popular.
DESIGNACIONES CUESTIONADAS
El Colegio también alertó sobre la selección del abogado Lucas Agustín Papini como Fiscal especializado en delitos contra la administración pública, pese a no contar con los siete años de ejercicio profesional requeridos por la Constitución. Asimismo, criticaron la designación del Dr. Daniel Horacio Obligado como jurista invitado en el concurso para Juez de Cámara Penal en Puerto Madryn. El Colegio objetó su participación por falta de idoneidad y solvencia moral, pero no se le permitió exponer los fundamentos en sesión especial. A pesar de que su presentación fue rechazada, los consejeros Manuel Burgueño Ibarburen y Estefanía Alejo apoyaron la impugnación, y finalmente el Dr. Obligado desistió de participar en el proceso.
“NADA PARA CELEBRAR”
En su pronunciamiento, el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn concluye que, a treinta años de su creación, el balance del Consejo de la Magistratura es negativo. Reitera su exigencia de que se respeten las normas vigentes, y llama a recuperar la transparencia y el profesionalismo que, originalmente, justificaban la existencia del organismo.
“No hay motivos para celebrar mientras persista esta erosión de la confianza ciudadana en el sistema de justicia”, cierra el texto.
