El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn presentó un pedido formal ante el Superior Tribunal de Justicia del Chubut, en el que solicita explicaciones y documentación respaldatoria sobre una serie de designaciones recientes que, según indican, se habrían concretado sin el debido concurso público.
La nota fue dirigida al presidente del máximo órgano judicial de la provincia, Dr. Javier Raidan, y expresa la preocupación de la institución frente a lo que considera una vulneración de los principios de legalidad, transparencia e idoneidad que deben regir el acceso a cargos públicos.
En particular, el Colegio cuestiona las designaciones del Cdor. Mariano José Pardini como Administrador General, del Dr. Diego Carlos Maceratesi como Secretario de Legal y Técnica, y de la Dra. Laura Daniela Catalán como Secretaria de Sumarios. Las autoridades del foro local solicitaron que se remita copia documental y administrativa que respalde cada una de estas designaciones, de acuerdo a lo establecido por la Ley I Nº 156 de libre acceso a la información pública y la Resolución Administrativa Nº 6711/04 del propio Superior Tribunal.
Además, el requerimiento apunta a conocer los fundamentos por los cuales no se habrían aplicado el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Justicia del Chubut y el artículo 67 de la Constitución Provincial, que exigen el uso de concursos públicos como procedimiento general para la provisión de cargos públicos. También se menciona el Acuerdo Plenario Nº 4030/2012, que refuerza esa exigencia para los cargos que no requieren acuerdo legislativo.
Desde el Colegio subrayan que el cargo de Administrador General, en particular, tiene una alta incidencia en la gestión de los recursos humanos y materiales del Poder Judicial, lo que refuerza la necesidad de garantizar procesos de selección transparente y basada en méritos comprobables.
La presentación busca contribuir al fortalecimiento de las instituciones, alertando sobre posibles irregularidades en el funcionamiento del sistema judicial provincial y exigiendo que se respeten los mecanismos que aseguran la idoneidad y la equidad en el acceso a cargos públicos.
