El abogado Daniel Gómez Lozano apeló el rechazo del recurso presentado para garantizar el ingreso a la playa de El Pedral. Mientras tanto, el caso Bahía Cracker vuelve a mostrar las demoras del Estado para cumplir con una sentencia favorable al acceso público. “No está dentro de la agenda política”, cuestionó.
El acceso libre a las playas de Chubut vuelve a quedar en el centro de la discusión. Esta vez, por el rechazo en primera instancia del amparo presentado para garantizar el ingreso a la playa de El Pedral, en Punta Ninfas, una decisión que ya fue apelada por el abogado Daniel Gómez Lozano, vinculado a la Asociación Civil Libre Acceso a las Playas.
El planteo judicial se relaciona con el Decreto 558 del Gobierno provincial, que eliminó de la normativa del Refugio de Vida Silvestre El Pedral el artículo que establecía expresamente que su declaración como área protegida no podía impedir ni restringir el libre acceso a las playas de dominio y uso público.
Según explicó Gómez Lozano, el conflicto se originó cuando la propietaria del establecimiento cuestionó esa disposición y el planteo terminó siendo resuelto por el gobernador Ignacio Torres, quien dispuso que debía prevalecer el plan de manejo del área.
Para el abogado, esa decisión dejó en segundo plano el derecho constitucional de acceso que se busca garantizar. Por eso, la asociación recurrió a la Justicia, aunque el juzgado contencioso administrativo rechazó inicialmente el amparo sin avanzar al análisis de fondo del planteo. La resolución fue apelada y la discusión judicial continúa abierta.
BAHÍA CRACKER: UNA SENTENCIA QUE TARDÓ EN CUMPLIRSE
En paralelo, el caso Bahía Cracker volvió a cobrar actualidad tras la publicación de la sentencia que declaró nulo el acuerdo entre la Secretaría de Pesca y la estancia, y ordenó abrir el camino de acceso a la playa.
Sin embargo, la resolución había quedado firme aproximadamente un año antes de que la Provincia cumpliera con la publicación oficial ordenada por la Justicia. También se retiró el cartel que prohibía el paso.
Actualmente, el ingreso está habilitado. Según detalló Gómez Lozano, hay una tranquera que permanece cerrada para evitar que salgan los animales, pero no tiene candado: quienes llegan deben abrirla para pasar y volver a cerrarla.
El abogado considera que el cumplimiento de la sentencia no resuelve todo el problema. A su entender, falta que el Estado se ocupe de mejorar los caminos, ordenar los accesos, establecer lugares de estacionamiento y garantizar condiciones adecuadas para el uso de esos espacios.
En otras palabras, abrir una tranquera es un paso importante, pero no reemplaza una política pública que permita llegar a la costa y disfrutarla.
EL ESTADO, EN EL CENTRO DEL RECLAMO
Gómez Lozano sostiene que el problema no debe reducirse a una disputa entre quienes quieren acceder a las playas y los propietarios de los campos atravesados por los caminos de ingreso.
Para el abogado, la responsabilidad principal es del Estado, que debe garantizar el uso de los espacios públicos y coordinar las condiciones necesarias para compatibilizar ese derecho con la actividad privada y la conservación ambiental.
Como ejemplo, mencionó Bocatoma, ubicada a unos siete kilómetros de 28 de Julio, y Punta Pardelas, además de El Pedral. Se trata de lugares que, según planteó, podrían constituir espacios de recreación y atractivos turísticos para vecinos y visitantes, pero cuyo aprovechamiento requiere una intervención pública que ordene y garantice el acceso.
“No está dentro de la agenda política”, afirmó al cuestionar la falta de una estrategia sostenida sobre el tema.
El abogado también remarcó que no se trata de reclamar un ingreso irrestricto a cualquier sector natural, sin contemplar las necesidades de conservación. La propuesta, explicó, es que el Estado intervenga, coordine con los propietarios y establezca reglas que permitan compatibilizar la protección ambiental con el disfrute público de la costa.
UN DEBATE QUE SIGUE ABIERTO
Los casos de El Pedral y Bahía Cracker exponen dos instancias distintas de una misma discusión. En el primero, el amparo fue rechazado inicialmente y la apelación deberá determinar cómo continúa el reclamo. En el segundo, existe una sentencia firme favorable al acceso, pero su cumplimiento volvió a poner en evidencia las demoras administrativas y las limitaciones que persisten para ordenar el uso del lugar.
La cuestión de fondo excede una tranquera, un camino o un establecimiento en particular: ¿qué medidas adopta el Estado para garantizar que los ciudadanos puedan llegar a las playas públicas de Chubut?
La discusión también obliga a definir cómo se compatibilizan las áreas protegidas, la actividad privada y el derecho de acceso a la costa. Por ahora, mientras la pelea judicial por El Pedral sigue abierta, el reclamo de la asociación apunta a que el libre acceso deje de depender de decisiones aisladas y se convierta en una política pública concreta.
