Hace una semana, Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), se manifestó en contra del Documento de Necesidad y Urgencia publicado por Javier Milei. Además, advirtió que presentaría una medida de amparo.
Ahora la federación exigió ante la Justicia que se declaren inconstitucionales las políticas enunciadas por el presidente. Precisamente, se repudió la derogación de la Ley 18.829, la cual deja sin funcionamiento el régimen general de los agentes de viajes.
En la Comarca, la presidenta de la Asociación de Agencias de Viaje Leticia Benítez indicó: “Es fundamental resaltar que la derogación del régimen de agentes de viajes impacta directamente sobre los derechos adquiridos por las empresas de viajes y turismo que, cumpliendo con esta ley, brindan seguridad a los pasajeros y estabilidad al sector”.
Agregó la integrante de la Agencia Chubut Turismo y el Ente Mixto de Promoción Turística de #PlanetaMadryn que “La desaparición de esta norma, tal y como plantea el DNU, promovería una competencia absolutamente desleal con personas que no son profesionales de la actividad turística y que no tendrán ningún control para cumplir correctamente con su labor ni brindar ningún tipo de garantía a los pasajeros”.
Incluso, argumentó: “La oferta de servicios turísticos sin control alguno habilita la intermediación sin cumplir con pautas mínimas de legalidad y responsabilidad frente a los usuarios y consumidores que quedan expuestos a cualquier tipo de estafa y abuso por parte de sujetos que obtienen beneficio lucrativo operando en la informalidad”.
CÓMO SIGUE LA SITUACIÓN
Desde Faevyt se anunció que la atención está puesta en la consolidación de su sello de calidad y en el desarrollo de herramientas que le otorguen mayor solidez y seguridad a las empresas de viajes y a los pasajeros.
Al respecto, la federación especificó: «Somos uno de los sectores más amplios, diversos y competitivos de la Argentina y hay más de 5000 agencias registradas en todo el país; son cientos de miles de puestos de trabajo que se ponen en riesgo frente a una competencia desleal que tendrá también consecuencias directas sobre los usuarios. Por eso avanzamos con este amparo solicitando que esta medida se declare inconstitucional”.