La discusión por la posible habilitación de Uber y otras aplicaciones de transporte en Puerto Madryn volvió a instalarse con fuerza en las últimas semanas y, por primera vez en años, comenzó a mostrar señales concretas de avance político dentro del Concejo Deliberante.
Aunque la ordenanza vigente desde 2016 continúa prohibiendo el funcionamiento de plataformas como Uber, Cabify o DiDi, distintos sectores reconocen que el escenario cambió y que la ciudad atraviesa una etapa de debate mucho más profunda que la mera legalidad del servicio.
Por un lado, crece la presión de conductores, usuarios y algunos concejales para avanzar hacia una regulación. Del otro, propietarios de taxis y remises mantienen una postura firme contra cualquier derogación de la prohibición y advierten que, si es necesario, judicializarán el conflicto.
Uno de los principales impulsores de la apertura del debate es el concejal Hernán Pereyra, quien recordó que viene planteando la derogación de la ordenanza desde el inicio de su mandato.
Según sostuvo, hace dos años la postura favorable a las aplicaciones era claramente minoritaria dentro del Concejo, pero actualmente observa un cambio de clima político.
“Nunca estuvimos tan cerca”, afirmó al señalar que hoy podría alcanzarse la mayoría necesaria para aprobar una modificación normativa.
Pereyra considera que la discusión ya no puede centrarse únicamente en taxistas y remiseros, sino también en los usuarios y turistas que llegan a ciudades donde las aplicaciones funcionan con normalidad.
En ese sentido, planteó que el primer paso debería ser eliminar la prohibición actual y luego avanzar en una regulación sobre seguros, controles, habilitaciones y tributación.
El concejal también sostuvo que el crecimiento de las aplicaciones está vinculado a las falencias históricas del sistema de transporte urbano y a la escasa conectividad en algunos sectores de la ciudad.
Mientras tanto, dentro del propio sector de taxis y remises también aparecen posiciones distintas. Algunos choferes comenzaron a reclamar públicamente una modernización del sistema y aseguran que las aplicaciones ya funcionan de hecho en Puerto Madryn pese a las multas y secuestros de vehículos realizados en distintos operativos.
Sin embargo, desde la Asociación de Propietarios de Taxi rechazan de plano cualquier intento de habilitación.
Su presidente, Edgar Sandanella, cuestionó con dureza a los grupos de conductores que impulsan la regulación y defendió el actual sistema de licencias.
“El propietario hizo una inversión muy grande y tiene que sostenerla”, señaló.
Sandanella aseguró que las aplicaciones generan una competencia desigual porque los taxis y remises deben afrontar costos de licencias, seguros, inspecciones, centrales operativas, impuestos y mantenimiento, mientras que las plataformas trabajan —según su postura— “en la clandestinidad”.
También advirtió que Uber no desembarca en la ciudad por los viajes urbanos cotidianos sino por el movimiento turístico vinculado al aeropuerto, el puerto y las excursiones.
Aun así, reconoció que el sistema tradicional necesita modificaciones y actualización normativa. Entre otros puntos, mencionó cambios en paradas, simplificación de trámites y modernización administrativa.
En paralelo, el debate cambió de tono después de hacerse pública la historia de Pamela Pavez, directora de la Escuela Nº 222 del barrio Presidente Perón y conductora de Uber.
Su testimonio generó fuerte repercusión porque expuso el impacto económico que tienen las aplicaciones para muchos trabajadores de la ciudad.
“Un día no había nada en la heladera, prendí la aplicación, me fui a manejar y cuando hice plata y pude comprar comida recuperé la dignidad”, contó.
Pavez aseguró que lleva más de 2300 viajes realizados en pocos meses y que actualmente Uber representa el principal ingreso económico de su hogar.
Además afirmó que existen decenas de docentes, trabajadores de la pesca, comerciantes y empleados formales que utilizan la aplicación para complementar ingresos en medio de la crisis económica.
La docente también defendió el rol social del servicio en barrios alejados y sectores donde —según relató— muchas veces cuesta conseguir transporte.
En este contexto, el intendente Gustavo Sastre comenzó a dejar abierta la posibilidad de discutir una regulación futura, aunque la prohibición sigue vigente.
Desde el municipio reconocen además que existen antecedentes judiciales y fallos en distintas ciudades del país que podrían complicar la continuidad de una prohibición absoluta sobre las plataformas digitales.
Por ahora, el escenario sigue abierto. El Concejo Deliberante aún no avanzó formalmente en una derogación, pero el tema ya ingresó de lleno en la agenda política y económica de Puerto Madryn.
Y mientras taxis, remises y aplicaciones sostienen posiciones cada vez más enfrentadas, el debate parece haber dejado de ser únicamente sobre Uber para transformarse también en una discusión sobre trabajo, crisis económica, modernización y transporte público en la ciudad.
