La cámara hiperbárica del Hospital Andrés Isola continúa funcionando. Pero alrededor del equipo que llegó al sistema público de Puerto Madryn en 2018 se abrió una situación tan llamativa como confusa: habría vencido el convenio que vinculaba a la Armada Argentina con Salud Pública de Chubut y existiría un reclamo relacionado con una supuesta contraprestación económica. Sin embargo, hasta ahora no aparece públicamente una explicación oficial y precisa que permita establecer qué se reclama, en qué documento se sustenta y, sobre todo, si existe efectivamente una decisión de retirar la cámara.
LA HISTORIA SE REMONTA A NOVIEMBRE DE 2018
Por entonces, el gobernador Mariano Arcioni, acompañado por el intendente Ricardo Sastre, autoridades de Salud y representantes de la Armada y Prefectura, inauguraba formalmente la cámara hiperbárica del Hospital “Dr. Andrés Isola”.
La información difundida en aquel momento señalaba expresamente que se trataba de una cámara donada por la Armada Argentina, que comenzaba a funcionar en un espacio especialmente acondicionado del hospital.
El equipo fue presentado como un recurso de importancia para Puerto Madryn, no solamente por su condición de Capital Nacional del Buceo y la necesidad de atender accidentes vinculados con la actividad subacuática, sino también por sus aplicaciones en distintas patologías y emergencias: intoxicaciones por monóxido de carbono, embolias gaseosas, determinadas lesiones y problemas de cicatrización, entre otras.
OCHO AÑOS DESPUÉS, AQUELLA CÁMARA VUELVE A ESTAR EN EL CENTRO DE LA ESCENA
Según la información que circula en ámbitos vinculados al sistema sanitario, el convenio que regulaba la utilización del equipamiento habría llegado a su vencimiento y la Armada habría planteado la existencia de una deuda o de una contraprestación económica pendiente.
Pero aquí aparece una de las principales incógnitas.
Personas vinculadas a Salud Pública sostienen que el convenio original era un acuerdo de carácter colaborativo y que no contemplaba una contraprestación económica a favor de la Armada. Incluso se habría revisado nuevamente el texto del convenio sin encontrar allí una cláusula que estableciera ese pago.
Es decir: una de las cuestiones centrales de la discusión —si existía o no una obligación económica— no está, por ahora, públicamente esclarecida.
A esto se sumó en las últimas horas la versión de que personal de la Armada podría llegar a Puerto Madryn para retirar o desinstalar la cámara.
El planteo generó preocupación en sectores empresariales y productivos de la ciudad. El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD), Santiago Arnoldi, hizo pública su preocupación y sostuvo que se había conocido la llegada de una orden para retirar el equipamiento.
Sin embargo, mientras esa versión circula, desde el propio Hospital Isola se sostiene que la cámara continúa funcionando normalmente, tanto para tratamientos en curso como para eventuales emergencias, y que se mantienen las gestiones administrativas destinadas a encontrar una solución.
El jefe del Apostadero Naval Puerto Madryn, referente local de la Armada, no tiene autorización para realizar declaraciones sobre el tema. Por lo tanto, tampoco existe hasta el momento una explicación pública de la institución que permita conocer con precisión cuál es su posición, cuál es el alcance de su reclamo y si existe efectivamente una orden de retiro.
Y así, una cuestión que debería ser eminentemente administrativa termina adquiriendo una dimensión mucho mayor.
Porque detrás de la discusión sobre un convenio aparece un equipamiento sanitario que lleva ocho años integrado al Hospital Isola y que fue presentado originalmente como una donación de la Armada al sistema de salud.
También existe otra cuestión que merece ser discutida: la propia sustentabilidad del servicio. La cámara es un equipo con varios años de utilización y, según explican desde ámbitos sanitarios, las prestaciones de oxigenoterapia hiperbárica no son reconocidas de manera uniforme por las obras sociales, lo que limita la posibilidad de recuperar los costos de las prácticas.
Mientras tanto, en Puerto Madryn la situación permanece abierta.
La cámara sigue funcionando. Las gestiones continúan. El supuesto reclamo económico existe como versión, pero no ha sido explicado públicamente con documentación. Y la eventual decisión de retirar el equipo tampoco aparece, por ahora, formalmente confirmada por la Armada.
La pregunta que queda planteada es sencilla: ¿qué dice exactamente el convenio que vinculó a la Armada con Salud Pública de Chubut y qué es lo que actualmente está reclamando cada una de las partes?
Hasta que aparezcan esas respuestas, hablar de una cámara que “se llevan” parece prematuro.
Pero que existe un conflicto alrededor del equipamiento, eso ya quedó expuesto.
