Secuestraron un celular y una computadora. En la investigación también aparece un contrato de compraventa por 50.000 dólares vinculado con el departamento donde reside la mujer. La hija del camarista trabaja en la Oficina Anticorrupción.
La investigación judicial que tiene bajo sospecha al camarista Claudio Alejandro Petris sumó un nuevo capítulo en Puerto Madryn.
Semanas atrás personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) y otras Divisiones de la UR Madryn, allanó una vivienda ubicada en Hansen al 500, en la zona sur de la ciudad, donde reside una hija del magistrado.
El procedimiento se realizó en el marco de una causa penal que busca esclarecer presuntas maniobras de enriquecimiento ilícito, abuso de poder e irregularidades financieras atribuidas al juez, integrante de la Cámara de Apelaciones de Esquel.
Durante el operativo, los investigadores secuestraron un teléfono celular y una computadora portátil, elementos que podrían aportar información relevante para reconstruir movimientos económicos, comunicaciones y posibles operaciones patrimoniales vinculadas con la investigación.
Pero hay otro dato que suma interés a la pesquisa: entre los elementos relacionados con el inmueble aparecería un contrato de compraventa por 50.000 dólares correspondiente al departamento donde reside la mujer. El documento podría ser relevante para determinar las condiciones de adquisición de la propiedad y el origen de los fondos utilizados, cuestiones que deberán ser analizadas en el marco de la causa.
UN DATO QUE SUMA INTERROGANTES
La hija del camarista se desempeña laboralmente en la Oficina Anticorrupción. El dato adquiere particular interés periodístico en el contexto de una investigación que procura esclarecer la evolución patrimonial del magistrado y las presuntas irregularidades financieras que se encuentran bajo análisis judicial.
Sin embargo, su actividad laboral no constituye por sí misma una irregularidad ni acredita participación alguna en los hechos investigados. La cuestión central pasa por determinar si existen elementos concretos que permitan establecer alguna conexión entre las operaciones patrimoniales examinadas y las sospechas que pesan sobre el camarista.
UNA INVESTIGACIÓN QUE AVANZA SOBRE EL ENTORNO
El allanamiento en Puerto Madryn formó parte de una serie de cuatro procedimientos realizados en el marco de la investigación impulsada desde Comodoro Rivadavia. La medida fue autorizada por el juez penal Ricardo Raúl Rolón, con intervención del fiscal general jefe Cristian Olazábal y del funcionario de Fiscalía Cristian Ovalle.
Petris quedó en el centro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de poder y posibles maniobras financieras irregulares. También afrontó cuestionamientos institucionales que derivaron en su salida de la presidencia de la Asociación de Magistrados de Chubut y en el avance de un proceso de jury de enjuiciamiento.
En ese contexto, los investigadores buscan establecer si el patrimonio bajo análisis guarda relación con los ingresos declarados y si existieron operaciones destinadas a ocultar bienes o a utilizar personas del entorno familiar para su adquisición o administración.
Por ahora, el secuestro de los dispositivos electrónicos y la documentación vinculada con el departamento constituyen elementos que deberán ser examinados para determinar su relevancia probatoria.
La investigación continúa abierta y será el análisis de las pruebas el que permita establecer si las sospechas tienen sustento y si corresponde avanzar con nuevas medidas judiciales.
Porque, en una causa de esta naturaleza, la pregunta de fondo no es solamente qué bienes existen, sino cómo fueron adquiridos, de dónde salieron los fondos y si las operaciones pueden justificarse documentalmente.
Como en toda investigación penal en trámite, las sospechas no equivalen a una condena y la responsabilidad de las personas involucradas deberá establecerse conforme a derecho.
