La decisión de la familia Ferro, propietaria de extensas tierras en Península Valdés, de cerrar los accesos a Caleta Valdés, donde funciona una pequeña pero significativa pingüinera de acceso público, desató un fuerte conflicto que expone viejas falencias en la gestión del área protegida y genera un profundo malestar en el sector turístico.
En las últimas horas se pronunciaron funcionarios provinciales, autoridades de la Administradora de Península Valdés y referentes de agencias de viaje, transportistas y guías de turismo. Si bien el tono fue variado, el denominador común fue la preocupación por el impacto inmediato del cierre y la advertencia sobre el riesgo de sentar un precedente peligroso en un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
POSTURAS DURAS Y ENOJO ACUMULADO
Uno de los más críticos fue el empresario turístico Fernando Romeo, quien apuntó directamente contra el Ministerio de Turismo de Chubut, al que acusó de “no existir” y de haber permitido que los propietarios rurales actúen como si fueran dueños absolutos de la Península.
Romeo fue particularmente duro al señalar que la falta de decisión política habilitó un escenario donde “o se paga o se cierra”, afectando excursiones ya vendidas, incluso a cruceros internacionales. (AUDIO)
Si bien sus declaraciones reflejan el enojo generalizado del sector, también dejaron al descubierto la profunda frustración acumulada por años de desinversión, planes de manejo desactualizados y ausencia de una política clara frente a los intereses privados.
LA MIRADA DE LOS GUÍAS: ACCESO PÚBLICO Y SOBERANÍA
La guía de turismo Natalia Curin puso el foco en un aspecto central: Caleta Valdés era la única pingüinera gratuita, accesible para cualquier vecino o turista sin necesidad de contratar excursiones privadas. En ese marco, cuestionó lo que definió como prácticas extorsivas, al cerrar sectores abiertos al público desde hace más de 25 años con el único objetivo de obtener un beneficio económico.
Curin también volvió a mencionar la figura del biólogo Pablo Borboroglu, advirtiendo sobre el negocio que se esconde detrás de ciertos discursos ambientalistas y la proliferación de planes de manejo como herramienta comercial, más que como verdadera necesidad de conservación.(audio)
LA VERSIÓN OFICIAL: NEGOCIACIONES AGOTADAS
Desde la Administradora de Península Valdés, su vicepresidente Santiago Arnoldi explicó que durante más de seis meses se mantuvieron reuniones con la familia Ferro, incluyendo gestiones con el Ministerio de Turismo y otras áreas del Estado. Según detalló, la negociación se quebró cuando la propietaria exigió que el Estado realizara las inversiones, asumiera la responsabilidad civil y, aun así, le garantizara una ganancia económica directa.
“Eso no es viable con recursos públicos”, sostuvo Arnoldi, quien calificó el cierre intempestivo como una “puñalada”, especialmente porque existía un plazo de negociación vigente.(AUDIO)
Por su parte, la subsecretaria de Conservacion y Áreas Protegidas del Ministerio de Turismo, Nadia Bravo, reconoció la complejidad del conflicto y admitió que los miradores funcionaban desde hace más de dos décadas mediante acuerdos tácitos, sin respaldo documental.
Señaló que la provincia evalúa alternativas, pero confirmó que la decisión de cierre fue exclusiva de la familia propietaria, que ahora exige estudios de impacto ambiental.(AUDIO)
UN CONFLICTO QUE TRASCIENDE A CALETA VALDÉS
El cierre de accesos no solo afecta a Caleta Valdés. Vuelve a poner en debate quién gobierna realmente la Península, cómo se compatibiliza la propiedad privada con el interés público y hasta dónde puede avanzar el negocio turístico o ambiental en un territorio que es patrimonio de todos.
La Defensoría del Pueblo del Chubut, con su titular Claudia Bard al frente, ha emitido un Pedido de Informes al Ministerio de Turismo y Áreas protegidas de la provincia de Chubut, para la búsqueda de soluciones claras y transparentes garantizando el acceso y la información adecuada a la ciudadanía, en el marco del respeto por los derechos de todos.
Mientras tanto, turistas recorren kilómetros de ripio para encontrarse con alambrados cerrados, el sector turístico pierde previsibilidad y el Estado sigue buscando una salida que, por ahora, parece tan frágil como los acuerdos que permitieron llegar a esta situación.
