La Cooperativa llevó su planteo al organismo provincial y reclamó precisiones sobre el funcionamiento de la planta desalinizadora de ALUAR. Advirtió sobre el impacto que podría tener en el sistema de abastecimiento de Puerto Madryn y pidió una mesa de trabajo con participación de las autoridades y sectores involucrados.
La puesta en marcha de la planta desalinizadora de ALUAR sumó un nuevo capítulo institucional en Puerto Madryn. Servicoop solicitó la intervención urgente del Ente Provincial Regulador de los Servicios Públicos (EPRESP), al considerar que la empresa no habría cumplido con las disposiciones del marco regulatorio vigente para el servicio de agua potable.
El planteo fue presentado durante una reunión entre integrantes del Consejo de Administración y de la Gerencia de Agua y Saneamiento de la Cooperativa con representantes del organismo regulador. Según informó Servicoop, el objetivo fue ampliar la información disponible y solicitar precisiones formales sobre las actuaciones de las autoridades competentes.
La discusión excede el funcionamiento de una planta industrial. En el centro del planteo aparece una cuestión de interés público: cómo se articula una nueva fuente de abastecimiento de agua con el sistema que actualmente sostiene el servicio para la comunidad de Puerto Madryn y cuáles son las obligaciones que deben cumplir los actores involucrados.
EL ROL DE SERVICOOP Y EL MARCO REGULATORIO
Jorge Ferrari, consejero de Servicoop, cuestionó la falta de información formal sobre el proyecto y sostuvo que cualquier modificación en el esquema de abastecimiento debe abordarse de manera integral.
Desde la Cooperativa señalaron que la prestación del servicio de agua potable se desarrolla en el marco de una concesión y de un reglamento que establece derechos y obligaciones para los usuarios. En ese sentido, Ferrari remarcó que la capacidad de una empresa para desarrollar infraestructura propia no la exime, según la postura de Servicoop, de cumplir con las normas vigentes.
La Cooperativa también sostuvo que el Municipio es responsable del servicio público, mientras que Servicoop lleva adelante la prestación en el marco de la concesión. Por eso, reclamó que cualquier cambio con consecuencias sobre el sistema sea evaluado con intervención de las autoridades correspondientes.
EL EPRESP, EN EL CENTRO DE LA DISCUSIÓN
La intervención del organismo regulador adquiere relevancia por las funciones que le asigna la legislación provincial. Creado por la Ley I N.º 196, el EPRESP tiene entre sus responsabilidades hacer cumplir los marcos regulatorios de los servicios de energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales, fiscalizar las concesiones, proteger los derechos de los usuarios e intervenir en situaciones que puedan comprometer la prestación.
También cuenta con atribuciones para requerir información, controlar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y aplicar sanciones cuando corresponda, con respeto por el procedimiento legal.
En este contexto, Servicoop pidió conocer formalmente qué actuaciones se realizaron frente al proyecto de ALUAR. La Cooperativa sostiene que existe un incumplimiento normativo, aunque será necesario conocer las evaluaciones y eventuales decisiones del organismo competente para determinar el alcance de la situación.
La cuestión central, por lo tanto, no pasa únicamente por la existencia de una nueva tecnología para producir agua, sino también por las condiciones regulatorias bajo las cuales se incorpora y su relación con el sistema público.
LOS 1.500 METROS CÚBICOS DIARIOS Y LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Uno de los argumentos expuestos por Servicoop se refiere al vínculo histórico entre la Cooperativa y ALUAR. Según Ferrari, existe infraestructura del sistema cooperativo destinada a abastecer a la empresa, que actualmente demanda alrededor de 1.500 metros cúbicos de agua por día.
El consejero afirmó que ALUAR anunció públicamente que buscaría reducir ese consumo, pero que, de acuerdo con la Cooperativa, esa modificación no habría sido comunicada formalmente en los términos previstos por el reglamento.
Ferrari también cuestionó las declaraciones empresariales sobre la posibilidad de planificar consumos extraordinarios fuera del programa habitual. A su entender, esa alternativa genera interrogantes sobre la reducción efectiva de la demanda y sobre los beneficios concretos que la desalinizadora podría representar para el abastecimiento de la ciudad.
Se trata de uno de los puntos que requieren precisiones: cuánto disminuirá efectivamente el consumo de agua de la red por parte de ALUAR, bajo qué condiciones y qué consecuencias tendrá ese cambio sobre la infraestructura y la planificación del servicio.
TECNOLOGÍA, AGUA Y PLANIFICACIÓN PARA LA CIUDAD
Desde Servicoop afirmaron que no se oponen a los avances tecnológicos y que promueven iniciativas destinadas a mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico. Sin embargo, plantearon que el desarrollo de una solución para un gran consumidor no debe evaluarse de manera aislada ni quedar por encima de las reglas que organizan el servicio.
La Cooperativa también vinculó la discusión con la necesidad de avanzar en obras estructurales para el abastecimiento de Puerto Madryn, una demanda que, según expresó Ferrari, lleva alrededor de dos décadas de espera.
En una ciudad donde el agua es un recurso estratégico, la incorporación de nuevas fuentes de suministro abre oportunidades, pero también exige planificación, información transparente y coordinación entre los distintos actores.
La pregunta es qué impacto concreto tendrá la desalinizadora sobre el sistema existente y de qué manera se garantizará que cualquier modificación responda a criterios técnicos, regulatorios y de interés público.
EL PEDIDO DE UNA MESA DE TRABAJO
Como cierre de su planteo, Ferrari solicitó a los asesores legales del EPRESP la conformación urgente de una mesa de trabajo conjunta, con participación de la Provincia, el Municipio, las áreas ambientales y de ecología, la comunidad científica y la Cooperativa.
El objetivo, de acuerdo con Servicoop, es analizar el avance del proyecto, esclarecer las actuaciones administrativas y establecer cómo deben cumplirse las disposiciones regulatorias.
La intervención del EPRESP será clave para conocer qué documentación se presentó, qué obligaciones corresponden a cada parte y si existen incumplimientos que requieran medidas correctivas.
Mientras tanto, el debate sobre la planta desalinizadora de ALUAR instala una discusión que involucra mucho más que a una empresa y a su proveedor de agua: pone sobre la mesa la gestión de un recurso esencial, el funcionamiento de la infraestructura pública y la necesidad de que las decisiones vinculadas al abastecimiento de Puerto Madryn se adopten con reglas claras y controles efectivos.
