En medio del conflicto más profundo que haya atravesado el Poder Judicial de Chubut, ahora también los abogados se suman al reclamo. Empleados judiciales, magistrados y funcionarios mantienen una inédita medida de fuerza desde hace semanas por aumentos salariales discrecionales otorgados a los ministros del Superior Tribunal, mientras se profundiza la parálisis en los tribunales de toda la provincia.
El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn difundió este martes un pronunciamiento en el que expresa su “profunda preocupación” por la situación institucional del Poder Judicial de Chubut, motivada por decisiones del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que —según señalan— comprometen principios esenciales como la transparencia, la legalidad y la igualdad ante la ley.
El comunicado advierte sobre un severo “descrédito institucional” y cuestiona con dureza una serie de acordadas firmadas por los propios ministros del STJ mediante las cuales se habrían asignado aumentos salariales de hasta un 60%, incluyendo adicionales por “gastos de investidura” al Procurador General, al Defensor General y a los mismos ministros. El Colegio subraya que estas resoluciones fueron tomadas “sin la debida publicidad” y que violan la Ley I N. º 301, que regula la equidad salarial a través de un sistema de porcentualidad.
La parálisis judicial, que ya afecta el funcionamiento de tribunales en toda la provincia, se da en un contexto de profundo malestar en todos los estamentos. Desde hace más de dos semanas, empleados judiciales mantienen una retención de servicios, y jueces y fiscales se plegaron con un «apagón de firmas» para exigir que se respete el sistema salarial vigente. El Colegio de Abogados se suma ahora al reclamo, pero también va más allá: cuestiona la discrecionalidad con la que se estarían usando fondos públicos bajo el rótulo de “gastos reservados” o “sin discriminar”, sin rendiciones ni controles externos.
Además, advierten sobre el avance de designaciones en cargos jerárquicos sin concurso ni evaluación de antecedentes, lo que “profundiza el descrédito de la ciudadanía en el Poder Judicial”.
“Es el Superior Tribunal de Justicia quien debe brindar explicaciones públicas y detalladas sobre las acordadas mencionadas; garantizar la equidad salarial en toda la estructura del Poder Judicial; actuar con austeridad republicana; y proceder conforme a la Constitución Provincial y las leyes”, expresa el documento, que también recuerda que ya habían manifestado objeciones ante el Poder Ejecutivo respecto de la idoneidad de algunos de los actuales ministros del STJ.
Finalmente, el Colegio denunció que incluso se les negó el acceso a información pública sobre recientes designaciones internas, en lo que consideran una grave contradicción con los principios republicanos y el deber de transparencia de cualquier institución judicial.
