La novela de Alpesca, que arrastra más de una década de idas y vueltas, sumó esta semana un nuevo capítulo con la confirmación oficial de lo que era un secreto a voces: el gobernador Ignacio Torres anunció la firma de un precontrato con el grupo Profand, que se quedará con la planta y la operatoria pesquera en Puerto Madryn.
El dato, cuidadosamente silenciado hasta ahora por los funcionarios provinciales —con el secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, a la cabeza— marca un giro profundo que genera división dentro de la propia planta. Entre los trabajadores circulan opiniones cruzadas: algunos valoran lo invertido por Red Chamber Argentina durante estos años (desde reparaciones en la infraestructura hasta la incorporación de maquinaria moderna y el pago en tiempo y forma de los sueldos), mientras otros miran con expectativa el desembarco de un nuevo grupo internacional.
El trasfondo, sin embargo, es mucho más turbio. Red Chamber ya inició presentaciones administrativas en Nación y anticipó que llevará el caso a la Justicia Federal, alegando que los contratos de locación y los permisos de pesca siguen vigentes hasta 2027. La compañía acusa directamente a Arbeletche de actuar con un “encono personal” y recuerda un documento firmado por el propio funcionario cuando era abogado de Red Chamber en 2016, en el que reclamaba por incumplimientos de la Provincia. La contradicción es evidente y desnuda un conflicto de intereses que el Gobierno de Torres no parece dispuesto a reconocer.
En paralelo, los trabajadores advierten que no aceptarán quedar como rehenes de disputas políticas o de negocios. “Que este gobierno tenga bien en claro que donde nos falle, los trabajadores no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, advierten en mensajes que recorren los pasillos de la planta.
En la tarde de este miércoles se conocio una nota enviada por el secretario de Pesca de Chubut a la empresa Red Chamber, en la que pone reparos al retiro de algunos bienes por parte de la firma en su salida. Dice Arbeletche que la provincia deberá indemnizar, pero que no deberían retirarse.
Lo cierto es que, una vez más, los destinos de cientos de familias y de uno de los enclaves industriales más importantes de la Patagonia quedan a merced de decisiones tomadas entre escritorios de Rawson y oficinas corporativas. La saga interminable de Alpesca suma otro actor, pero el final sigue siendo incierto.
