El Gobierno de Chubut completó el pago de la segunda cuota del acuerdo indemnizatorio destinado a los 45 trabajadores desvinculados de la pesquera Alpesca/Red Chamber, cerrando formalmente el esquema de compensaciones que había sido asumido con fondos públicos.
Según pudo reconstruirse, los montos abonados presentan una amplia dispersión: las indemnizaciones individuales oscilaron entre los 20 y más de 140 millones de pesos, en función de la antigüedad y condiciones laborales de cada operario.
Con este desembolso, la Provincia terminó afrontando en su totalidad un pasivo laboral generado en el ámbito de una empresa privada, lo que vuelve a colocar en el centro del debate el rol del Estado en el conflicto pesquero.
De acuerdo a testimonios de trabajadores, los pagos ya fueron acreditados y, en términos generales, se da por finalizada esta etapa, aunque persisten reclamos menores por diferencias en liquidaciones.
Sin embargo, también anticipan que podrían evaluarse nuevas acciones legales, lo que indica que el conflicto dista de estar completamente cerrado.
LA EXPROPIACIÓN, EN OTRO PLANO
En paralelo, se conocieron movimientos dentro del expediente judicial por la expropiación de Alpesca, donde se filtraron nuevas actualizaciones de montos que corresponderían a créditos laborales cedidos a la Provincia.
Allí surge una de las principales controversias: mientras el Estado pagó indemnizaciones que en algunos casos superaron los 100 millones de pesos por trabajador, los valores que aparecen vinculados al proceso expropiatorio rondarían cifras cercanas a los 600 mil pesos.
Esto evidencia que ambos planos —el acuerdo indemnizatorio y el eventual recupero vía expropiación— no guardan proporcionalidad ni relación directa en términos económicos, pese a que el esquema oficial contemplaba la cesión de esos créditos a favor del Estado.
DENUNCIA PENAL Y SOSPECHAS SOBRE EL MANEJO DE FONDOS
En este contexto, el abogado de Trelew Federico Massoni presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal contra el gobernador Ignacio Torres y el fiscal de Estado Andrés Meiszner.
La presentación apunta a investigar presuntos delitos contra la administración pública, al considerar que la Provincia habría financiado con fondos propios indemnizaciones que correspondían a una empresa privada.
Según el escrito, el mecanismo incluyó acuerdos individuales con trabajadores que contemplaban pagos “totales, únicos y definitivos” en dos cuotas, la cesión de derechos en el juicio de expropiación y la renuncia a futuros reclamos.
El denunciante advierte que el esquema podría implicar administración fraudulenta, malversación de fondos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles, entre otras figuras, especialmente por tratarse de recursos públicos cuyo recupero dependería de un proceso judicial incierto.
UN CONFLICTO QUE SIGUE ABIERTO
A esto se suma otro elemento sensible: la mención en una demanda judicial en Estados Unidos —en el marco del litigio entre Red Chamber y Profand— sobre un presunto pedido de pago ilegal (“B-money”) por 6,5 millones de dólares, que habría sido atribuido a un funcionario provincial.
Si bien ese punto no forma parte directa de la causa local, contribuye a elevar la gravedad institucional del caso.
Así, mientras el Gobierno provincial da por cerrada la etapa de indemnizaciones, el conflicto Alpesca/Red Chamber suma un nuevo capítulo judicial y político, con interrogantes abiertos sobre el uso de fondos públicos y la posibilidad real de recupero de esos recursos.
