Contratos opacos, marchas y contramarchas empresarias, casi 80 trabajadores sin respuestas y un rumor explosivo que nadie aclara
La historia de la ex Alpesca se ha transformado, con el paso de los años, en un verdadero culebrón institucional que expone con crudeza la desprolijidad con la que el Estado provincial ha administrado uno de los conflictos productivos y laborales más sensibles de Puerto Madryn.
Desde la expropiación de los bienes productivos hasta el actual escenario de regreso de Red Chamber, pasando por la fugaz intervención del grupo Profand, el denominador común ha sido siempre el mismo: decisiones poco claras, contratos que no se explicitan y trabajadores que terminan pagando el costo.
DEL ABANDONO EMPRESARIO A LA EXPROPIACIÓN
Entre los años 2013 y 2014, la entonces Alpesca fue abandonada por sus propietarios, dejando a cerca de mil trabajadores en la calle y provocando una crisis social sin precedentes en Puerto Madryn.
La respuesta del Estado provincial fue la sanción de la Ley I N.º 527, que declaró de utilidad pública los bienes productivos de la empresa y habilitó su expropiación, garantizando además la continuidad de los derechos laborales.
Ese proceso fue encabezado por el gobierno de Martín Bussi y tuvo como figura central a la entonces ministra de Economía, Gabriela Dufour, quien por expresa decisión del gobernador lideró las negociaciones para recuperar la planta y sostener las fuentes de trabajo.
RED CHAMBER Y EL PRIMER INTENTO DE NORMALIZACIÓN
En ese contexto apareció Red Chamber, presentada por el propio Bussi como “la novia” de la ex Alpesca. El acuerdo permitió reactivar la operatoria y establecer un vínculo contractual que se extendía hasta septiembre de 2025, con reglas claras sobre el uso de los bienes expropiados.
Durante ese período, con dificultades y tensiones propias de un proceso complejo, la planta volvió a funcionar y se logró contener, al menos parcialmente, el impacto social del colapso empresario previo.
EL QUIEBRE: RESCISIÓN, PROFAND Y LA INSEGURIDAD JURÍDICA
El escenario cambió de manera abrupta con la llegada del actual gobierno provincial. En una decisión que nunca fue explicada en profundidad, el Ejecutivo resolvió rescindir unilateralmente el contrato con Red Chamber y fijó como fecha límite de entrega de los bienes el 30 de septiembre de 2025.
Lo llamativo fue que, al día siguiente, esos mismos bienes fueron entregados al grupo Profand, señalado como uno de los conglomerados alimentarios más importantes del mundo en materia pesquera.
A partir de allí se sucedieron idas y vueltas, versiones cruzadas y presiones de todo tipo. En ámbitos políticos y empresariales comenzó a mencionarse incluso la preocupación por la “inseguridad jurídica” en Chubut, un tema que —según trascendidos— habría sido planteado en instancias diplomáticas de alto nivel.
EL REGRESO INESPERADO DE RED CHAMBER
Cuando todo indicaba que Profand se consolidaría como nuevo operador, el tablero volvió a moverse. Primero se habló de una inversión de Red Chamber en la zona franca de Trelew. Luego, de intentos por reconfigurar permisos de pesca. Ninguna de esas alternativas prosperó.
Hasta que, de manera sorpresiva, un fin de semana se conoció que, con aval del Superior Tribunal de Justicia, se homologaba un nuevo vínculo entre la Provincia y Red Chamber, se anulaba unilateralmente el contrato con Profand y la empresa estadounidense volvía a tomar control de los bienes de la ex Alpesca.
El punto más delicado de este proceso es que hasta hoy no se conoce públicamente el contenido del contrato, ni las condiciones exactas bajo las cuales se produjo ese nuevo acuerdo.
LOS TRABAJADORES, OTRA VEZ AFUERA
Mientras el poder discute y las empresas negocian, los trabajadores vuelven a quedar en el último eslabón de la cadena.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) denunció que 78 trabajadores no fueron reincorporados y que muchos de ellos fueron dados de alta como “eventuales” pese a cumplir tareas permanentes, lo que —según sostienen— constituye un fraude a la ley laboral.
El gremio recuerda que la Ley I N.º 527 protege los derechos laborales de quienes formaban parte de Alpesca y que esta situación no solo perjudica a las familias afectadas, sino que también genera un daño al propio Estado.
Ante la falta de respuestas de la empresa y la inacción de la Secretaría de Trabajo, el STIA decidió judicializar el reclamo ante la Justicia Laboral de Puerto Madryn.
EL RUMOR QUE NADIE DESMIENTE
En paralelo a este escenario, sobrevuela desde hace meses un rumor de extrema gravedad en ámbitos empresariales, sindicales y políticos: la presunta existencia de una denuncia vinculada a un supuesto pedido de soborno por una suma superior a 6,5 millones de dólares, que tendría como origen a representantes de Red Chamber (RCH).
Hasta el momento no existe confirmación judicial pública sobre esa versión. Sin embargo, tampoco se han producido desmentidas oficiales categóricas, ni explicaciones que despejen definitivamente las sospechas en torno a las negociaciones que rodearon el regreso de la empresa.
El silencio oficial, en este contexto, no hace más que profundizar la desconfianza.
GABRIELA DUFOUR: UNA VOZ CLAVE PARA ENTENDER EL CONFLICTO
En este entramado, la palabra de Gabriela Dufour resulta insoslayable. No solo fue quien lideró el proceso de recuperación de los bienes productivos, sino que es una de las personas que más conoce los detalles técnicos, legales y políticos de la ex Alpesca.
Su posterior persecución judicial y condena durante el dasnevismo —en un contexto señalado por una fuerte injerencia política sobre el Poder Judicial— no borran su rol central en la defensa de las fuentes de trabajo ni su conocimiento del caso.
Por eso, su testimonio, al igual que la reciente entrevista realizada por el periodista Gustavo Huentelaf en Radio Patagonia, aporta elementos fundamentales para comprender cómo se llegó a este presente confuso, hermético y socialmente injusto. (AUDIO)
UN FINAL ABIERTO
Hoy, la ex Alpesca vuelve a ser escenario de protestas, expedientes que no avanzan y funcionarios que escuchan pero no responden.
El Estado, una vez más, aparece ausente como garante de la ley, mientras los trabajadores siguen esperando.
La historia aún no terminó. Pero lo que ya quedó claro es que, detrás del culebrón empresario, la desprolijidad estatal tiene consecuencias concretas, y esas consecuencias tienen nombre, apellido y familia.
