La jueza penal Dra. María Inés Bartels resolverá en un plazo de tres días si habilita la apertura de investigación en la causa por presunta extorsión denunciada por el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, contra un empresario pesquero y un ex integrante de la Policía Federal.
Durante la audiencia, la fiscal Dra. Ivana Berazategui sostuvo que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación y formalizar la imputación contra Gastón Domecq y Héctor Ibáñez, señalados como coautores de dos hechos de extorsión en grado de tentativa.
Según la acusación, el primer episodio ocurrió en marzo de 2025, cuando Sastre fue convocado a una reunión en el domicilio de Domecq. Allí, ambos imputados le habrían exigido inicialmente 60 mil dólares —monto que luego habría sido reducido a 40 mil— bajo el argumento de “ayudarlo” frente a una situación vinculada a una denuncia ambiental.
El segundo hecho se sitúa en diciembre del mismo año. En esa oportunidad, Ibáñez habría presentado la existencia de una supuesta denuncia anónima en contra del intendente, vinculada a delitos graves como trata de personas, y le propuso “ponerle un precio” para hacerla desaparecer. La investigación determinó que dicha denuncia no existía en ámbitos de la justicia federal ni en la fuerza policial.
De acuerdo a la fiscalía, ambos imputados actuaron de manera coordinada, alternando intervenciones para reforzar la intimidación. En ese marco, Domecq habría mantenido comunicaciones telefónicas con Sastre advirtiéndole sobre posibles consecuencias si no accedía al pago.
Durante la audiencia, las defensas cuestionaron la validez del caso, plantearon la nulidad de medidas como allanamientos, pidieron el sobreseimiento de los acusados y sostuvieron que los hechos no encuadran en la figura de extorsión. También remarcaron la demora en la radicación de la denuncia, que fue presentada en marzo de 2026 pese a que los hechos datan del año anterior.
La fiscal Berazategui rechazó estos argumentos al considerar que la demora no invalida la denuncia y que en esta etapa no se requiere la totalidad de la prueba, sino indicios suficientes para avanzar.
La resolución de la jueza definirá si la causa ingresa en etapa formal de investigación. En ese caso, se convocará a una nueva audiencia donde los imputados podrán ejercer su derecho a declarar.
Lo explicó la fiscal Dra. Ivana Berazategui. (AUDIO)
