La Justicia penal de Puerto Madryn resolvió elevar a juicio la causa contra Germán Darío Martinelli, acusado de haber presentado documentación con firmas presuntamente falsificadas para oficializar una lista en las elecciones internas de la Cooperativa de Servicios Públicos.
La decisión fue adoptada por la jueza penal Dra. Patricia Ásaro, luego de considerar que la acusación impulsada por la fiscal general Dra. Ivana Berazategui cuenta con sustento suficiente para avanzar hacia el debate oral. La imputación es por el delito de uso de documento falso.
Según la hipótesis fiscal, Martinelli habría utilizado actas con contenido apócrifo para formalizar la presentación de la Lista Nº 55 Blanca en las elecciones de delegados de la Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Públicos y Vivienda de Puerto Madryn (Servicoop), realizadas el 21 de diciembre de 2024.
De acuerdo a la investigación, el 10 de diciembre de ese año se presentaron 32 hojas de avales con datos de socios —nombre, DNI, número de asociado y firma—. En al menos cinco actas se constató que personas incluidas como avalistas no habrían firmado la documentación. Además, se detectaron firmas atribuidas a asociados fallecidos en 2019, 2022 y 2023, es decir, antes de la fecha de presentación de la lista.
UNA ELECCIÓN ATRAVESADA POR LA CONFRONTACIÓN
El expediente judicial se inscribe en un proceso electoral interno que estuvo marcado por una fuerte disputa entre el oficialismo cooperativo y sectores opositores. Durante las semanas previas a los comicios se registraron cuestionamientos públicos cruzados, impugnaciones administrativas y denuncias mediáticas respecto de la validez de los avales y las condiciones de oficialización de listas.
La Lista 55 Blanca, encabezada por Martinelli, había denunciado públicamente obstáculos en el proceso de oficialización, mientras que desde el oficialismo se señalaban presuntas irregularidades en la documentación presentada. Ese clima de confrontación política dentro de la cooperativa terminó trasladándose al ámbito judicial.
La resolución de elevación a juicio no implica una declaración de culpabilidad, pero sí confirma que, a criterio de la magistrada, existen elementos suficientes para que la acusación sea debatida en un juicio oral y público, donde se analizará la autenticidad de los avales y la eventual responsabilidad penal del imputado.
