El lunes 13 de mayo a las 8:30 de la mañana comenzará en Puerto Madryn un juicio inédito por daño ambiental contra la empresa Continental Armadores de Pesca S.A. (CONARPESA), en el que también están imputados dos integrantes del directorio: Nadine Parry, gerenta de planta, y Brahim Yoosef Vargas, encargado de la planta de tratamiento de efluentes.
Se trata de la primera vez en la jurisdicción que se lleva adelante un proceso judicial por daño ambiental contra una persona jurídica y sus responsables jerárquicos. Las audiencias están previstas para los días 13 y 14 de mayo, también desde las 8:30.
El tribunal de juicio será unipersonal y estará a cargo de la jueza Patricia Reyes. En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrán el fiscal jefe Alex Williams , mientras que la defensa estará a cargo de los abogados particulares Luis Novoa y Jorge Rubiolo.
EL HECHO INVESTIGADO
El caso tuvo origen en un video que circuló por redes sociales, en el que se observaba un líquido de aspecto inusual en la zona costera. A partir de esa difusión, el fiscal jefe ordenó una investigación de oficio que comenzó con la inspección del lugar por parte de personal policial y de criminalística.
En el sitio se detectó un hueco desde el cual fluía un líquido sin tratamiento aparente, de color rosado o salmonado, que recorría un cañadón hasta llegar directamente al mar, afectando las aguas del Golfo Nuevo.
La situación motivó la intervención de personal de Ecología y Medio Ambiente del municipio y de científicos del CENPAT-CONICET, quienes tomaron muestras para determinar la procedencia del vertido y su grado de impacto ambiental.
Las tareas de prospección confirmaron la existencia de un bypass —una derivación irregular— en el caño troncal que debería llevar los efluentes tratados al mar, a la altura de la planta industrial de CONARPESA. Los análisis posteriores revelaron un alto grado de contaminación en el líquido vertido, lo que dio lugar a las imputaciones por parte del Ministerio Público Fiscal.
El auto de apertura de juicio fue dictado el 23 de septiembre de 2024, y fijó las responsabilidades penales de los acusados y de la propia empresa por presunto incumplimiento de normas ambientales que regulan el tratamiento de residuos industriales.
