Una situación de creciente incertidumbre atraviesa el sistema de atención médica de jubilados en Chubut, a partir de versiones coincidentes que dan cuenta de importantes demoras en los pagos de PAMI a la Provincia, lo que estaría impactando de lleno en el funcionamiento del programa PROSATE y en la relación con los prestadores de salud.
De acuerdo a información extraoficial recabada en distintos ámbitos del sistema sanitario, PAMI viene acumulando atrasos en sus pagos a prestadores en todo el país, cuando históricamente el organismo abonaba dentro de plazos relativamente previsibles. En el esquema habitual, las prestaciones facturadas a fin de mes se cancelaban alrededor del día 20 del mes siguiente, pero en los últimos meses esos plazos se habrían extendido de manera reiterada.
En Chubut, la situación adquiere una complejidad particular debido al convenio vigente entre PAMI y el Gobierno provincial, que incluye a los hospitales públicos y a programas específicos como PROSATE, destinado a la atención de adultos mayores.
Según se señala, los fondos que envía PAMI no ingresan directamente al área de Salud, sino al Ministerio de Economía, desde donde luego se redistribuyen para distintos fines, no siempre vinculados de manera directa al sistema sanitario.
Este esquema, que durante años permitió cierto margen financiero, hoy estaría mostrando sus límites en un contexto de falta de liquidez generalizada. Voces del sector advierten que PROSATE se habría convertido en una de las principales “cajas” de financiamiento del Estado provincial, lo que vuelve más sensible cualquier retraso en los envíos nacionales.
Uno de los datos que genera mayor alarma es que, según estas versiones, el último pago efectivo de PAMI a la Provincia se habría realizado a mediados de diciembre, correspondiente a prestaciones de septiembre, y desde entonces no se habrían registrado nuevos desembolsos. Frente a ese escenario, la Provincia habría estado cubriendo transitoriamente los pagos para sostener el funcionamiento del programa.
Sin embargo, el panorama hacia adelante es incierto. Prestadores médicos advierten que, si no aparece una solución inmediata, podrían comenzar a restringirse servicios, una situación que impactaría de manera directa en miles de jubilados y derivaría en una mayor presión sobre los hospitales públicos, con riesgo de saturación del sistema.
La situación se vuelve aún más confusa por la disonancia entre las versiones que circulan dentro del PROSATE y las explicaciones que surgen desde el ámbito local de PAMI, donde se sostiene que algunos profesionales que trabajan por fuera del programa estarían cobrando con normalidad y que las decisiones de pago dependen exclusivamente de PAMI Nación.
En este contexto, para el próximo miércoles está prevista una reunión en Puerto Madryn en la que participarían autoridades provinciales del área de Salud, encabezadas por la médica Denise Acosta, representantes locales del PAMI, responsables locales del PROSATE, algun funcionario de ministerio de Economía y delegados de los jubilados, con el objetivo de clarificar el estado real de los pagos, definir responsabilidades y evaluar la continuidad del servicio.
La expectativa está puesta en ese encuentro, aunque persiste la preocupación. Si el conflicto no se destraba en el corto plazo, los jubilados podrían quedar atrapados en una disputa administrativa y financiera que les es ajena, pero que los afecta de lleno, tanto en el acceso a la atención médica como en la calidad del servicio.
