El Consejo de la Magistratura decidió elevar al Superior Tribunal de Justicia un sumario contra el juez Horacio Yangüela. El magistrado fue denunciado por Bárbara de Cristófano, condenada que lo acusó de mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho.
La mujer condenada le imputó a Yangüela haber adulterado un informe para perjudicarla.
En el caso el magistrado cumple funciones como juez de Ejecución y es quien decide las condiciones de detención.
Según la denuncia, el juez borró del sistema Serconex un informe forense que aconsejaba que estuviera presa cerca de su familia y lo reemplazó por otro que podía estar alojada en cualquier lugar de detención.
La sumariante, abogada Daniela Pili consideró probado que el juez incurrió en mal desempeño y desconocimiento del Derecho.
Se le reprocha haberse apartado de los mecanismos legales para pedir la ampliación de un informe del Cuerpo Médico Forense, ya que se acercó en persona para requerir a la médica que anule el texto original que estaba cargado en sistema, cuando ese procedimiento es un acto que debió efectuarlo respetando el debido proceso.
Dice en su conclusión la sumariante que “de toda la prueba que he colectado en el presente sumario, se avizora que fue un hecho aislado”.
De acuerdo al parte de prensa del Consejo de la Magistratura, los consejeros coincidieron con el sumariante en que la conducta de Yangüela “fue susceptible de responsabilidad administrativa”.
Por eso se decidió “no archivar el sumario” para que la conducta del juez sea evaluada por el STJ “conforme las facultades disciplinarias que le acuerdan la Constitución Provincial”.
Del tema, habló con el Canal 12 local, el presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Rafael Lucheli. (AUDIO)
La denuncia fue de Patricia Anzoátegui y Gustavo Topic, defensores de De Cristófano, que cumple una condena a 16 años de prisión por abuso agravado de su hijo menor, en un resonante caso ocurrido en Puerto Pirámides.
En la sesión, cuatro consejeros solicitaron que el caso sea remitido a jury de enjuiciamiento y ocho votaron por remitirlo al STJ para que aplique una sanción.
