A días del inicio del ciclo lectivo 2026, la Escuela Nº 7733 de Puerto Madryn enfrenta una situación límite: más de 70 estudiantes podrían quedar sin espacio físico para cursar, luego de que el Gobierno provincial incumpliera el compromiso de construir aulas durante el receso de verano.
La historia no es nueva. Durante todo el año pasado la comunidad educativa sostuvo una lucha constante por la falta de infraestructura. Hubo clases en edificios prestados —como un colegio de Enfermería y un sindicato marítimo—, traslados forzados y una organización escolar sostenida a fuerza de “malabares” para que los chicos no pierdan días de clases.
El Estado prometió resolverlo.
No ocurrió.
UNA OBRA QUE NO EMPEZÓ Y UN SILENCIO OFICIAL QUE PREOCUPA
La segunda etapa del edificio —tres aulas, cocina y SUM— nunca se inició. No hay cartel de obra, no hay fecha, no hay comunicación formal. La directora del establecimiento les informó a las familias lo que nadie quería escuchar: “no hay espacio”.
Ni siquiera el aula mínima prometida en diciembre fue construida.
En aquella inauguración parcial realizada a fines del año pasado —un pequeño sector que no solucionó el problema estructural— estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales. Allí, Martín Larmeu, hoy Subsecretario de Planeamiento, asumió públicamente el compromiso de ejecutar al menos un aula durante el verano para evitar que la matrícula quedara afuera.
La obra no se hizo.
CONDICIONES EDILICIAS QUE ROZAN LA PRECARIEDAD
La escuela no tiene cocina. El personal auxiliar trabaja con una mesa de aula y dos sillas como único espacio operativo. Los elementos de limpieza se guardan en rincones improvisados. El edificio inaugurado parcialmente funciona al límite de su capacidad.
Y este año ni siquiera hay edificios alternativos disponibles dentro del radio escolar. Los espacios que en 2025 fueron cedidos hoy tienen otros usos y horarios.
El resultado es directo: chicos sin lugar.
PADRES ORGANIZADOS Y RECLAMO INSTITUCIONAL
Ante la falta de respuestas, las familias iniciarán un recorrido formal por organismos públicos. El lunes presentarán notas ante Obras Públicas, Supervisión y el Ministerio de Educación. También acudirán a la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente.
Exigen respuestas concretas del ministro de Educación Luis Punta, de la Directora General de Secundaria Marcela Blanc, de la responsable de Obras Públicas Manuela Piucol y del propio Larmeu. No descartan intentar llegar al gobernador Ignacio Torres si el reclamo no obtiene respuestas.
La advertencia es clara: si no hay soluciones, habrá movilización.
UN PROBLEMA QUE SE REPITE EN CHUBUT
La crisis edilicia escolar no es un hecho aislado en la provincia. Lo que ocurre en la 7733 expone una constante: obras anunciadas que no se ejecutan, ampliaciones inconclusas y comunidades educativas que deben organizarse para garantizar lo básico.
En este caso, el derecho vulnerado es elemental: el acceso a la educación en condiciones dignas.
Porque sin aulas no hay inclusión.
Sin infraestructura no hay igualdad.
Y sin respuestas del Estado, la carga vuelve a recaer —una vez más— sobre las familias.
