Una situación poco habitual se produjo durante una audiencia de apertura de investigación realizada en los tribunales de Puerto Madryn. La jueza Dra. Patricia Reyes hizo lugar al planteo de la defensa y dispuso que un hombre imputado por abuso de armas, hurto y amenazas en contexto de violencia de género cumpliera la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario. Sin embargo, cuando la medida ya había sido dispuesta, el propio imputado manifestó que no quería permanecer en su domicilio y pidió ser trasladado a un establecimiento carcelario.
Se trata de Rafael Aidar “Rafi” Chávez, quien fue imputado por un hecho de hurto, abuso de armas y dos hechos de amenazas en contexto de violencia de género. La Fiscal Dra. María Angélica Cárcano, había solicitado que permaneciera detenido en prisión preventiva durante el proceso.
Según la acusación fiscal, Chávez habría agredido a su expareja, le habría sustraído el teléfono celular y la habría amenazado. Posteriormente, siempre de acuerdo con la imputación, se dirigió hasta el domicilio de familiares de la mujer y efectuó dos disparos contra la vivienda, luego de que ella se negara a salir para hablar con él.
Horas más tarde habría regresado al lugar y amenazado a los moradores con incendiar la vivienda y matarlos. Finalmente fue detenido.
Durante la audiencia, la jueza Reyes consideró que en esta etapa inicial existían elementos suficientes para sostener la probabilidad de autoría y también tuvo por acreditados los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación planteados por la Fiscalía.
La magistrada también tuvo en cuenta que, ante una eventual condena, la pena podría ser de cumplimiento efectivo, considerando los antecedentes que registra el imputado y su condición de reincidente.
Con esos elementos,la Dra. Reyes entendió que correspondía imponer una medida de coerción. Pero optó por una de las alternativas previstas por el Código Procesal Penal e hizo lugar al pedido formulado por el defensor particular Fabián Gabalachis: prisión preventiva bajo modalidad de arresto domiciliario por 180 días, mientras avanza la investigación y se reúnen las evidencias.
Y allí ocurrió el episodio menos habitual de la audiencia.
Una vez concedida la domiciliaria, Chávez manifestó ante la jueza que no quería cumplir la medida en su domicilio y que prefería permanecer detenido en un establecimiento carcelario.
El imputado explicó que tenía previsto un desalojo y que no contaba con personas que pudieran asistirlo para cumplir con las condiciones del arresto domiciliario.
Ante esa manifestación, la jueza modificó la modalidad de cumplimiento y dispuso finalmente que permaneciera detenido en un establecimiento carcelario.
“Yo había hecho lugar al pedido de su defensor, pero usted la está rechazando”, le señaló Reyes durante la audiencia.
La investigación quedó abierta por un plazo de seis meses. Durante ese período, la Fiscalía deberá avanzar con la producción y recolección de las evidencias vinculadas con los hechos por los cuales Chávez fue imputado.
Más allá de las cuestiones jurídicas, la particularidad de la audiencia quedó expuesta en una escena poco frecuente: la defensa pidió una modalidad de detención, la jueza la concedió y el propio imputado terminó solicitando la modalidad que inicialmente había pedido la Fiscalía.
