Casi cuatro cuadras de manifestantes recorrieron el centro de Puerto Madryn para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Hubo estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales y representantes del colectivo de discapacidad. “La universidad pública es de toda la sociedad y es toda la sociedad la que tiene que defenderla”, expresaron en el documento leído al cierre.
Puerto Madryn volvió a salir a la calle en defensa de la universidad pública. La quinta marcha universitaria reunió a una multitud que colmó varias cuadras del centro de la ciudad, con la participación de representantes de las universidades que funcionan en la zona, organizaciones sindicales, entidades intermedias y organizaciones vinculadas a la discapacidad.
La concentración comenzó en el Monumento a la Gesta Galesa. Desde allí, la columna recorrió distintas calles céntricas, pasó frente a los edificios de Tribunales y finalizó en la plaza San Martín, donde estudiantes dieron lectura al documento del Consejo Interuniversitario Nacional. La jornada concluyó con la entonación del Himno Nacional Argentino.
El reclamo central fue el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la necesidad de garantizar los recursos para sostener el funcionamiento de las casas de estudio. Pero los planteos fueron más allá de los salarios: también apuntaron al deterioro de la infraestructura, las becas insuficientes y las dificultades económicas que enfrentan los estudiantes para ingresar, permanecer y terminar sus carreras.
MENOS RECURSOS, MÁS DIFICULTADES PARA ESTUDIAR
Desde la Universidad Nacional de la Patagonia, Catena advirtió que la pérdida de presupuesto afecta tanto a los trabajadores como a las condiciones de cursada y al bienestar estudiantil.
Señaló que las dificultades alcanzan a las becas de ayuda económica, alojamiento y alimentación, mientras que el mantenimiento de los edificios también queda condicionado por la escasez de recursos.
La referente sostuvo que el problema compromete el acceso a la educación superior y remarcó que la defensa de la universidad no es una cuestión exclusiva de quienes forman parte de ella, sino un reclamo que involucra al conjunto de la sociedad.
En la misma línea, Soraya Corvalán, representante de la UTN, cuestionó que todavía no se cumpla la ley y describió las dificultades que atraviesan estudiantes y docentes.
Advirtió que los fondos disponibles se destinan principalmente al funcionamiento básico, con consecuencias para la investigación aplicada y las becas estudiantiles. Como ejemplo, mencionó que las ayudas económicas pueden resultar insuficientes incluso para cubrir el costo del transporte de estudiantes que viajan desde Trelew o Rawson para cursar en la facultad.
Corvalán también planteó las dificultades de quienes deben combinar trabajo y estudio en un contexto económico adverso.
RECLAMO POR LA LEY Y CUESTIONAMIENTOS A LA JUSTICIA
Marcelo Ortega, de la Universidad del Chubut, sostuvo que la comunidad salió nuevamente a la calle para exigir que se cumpla la normativa de financiamiento universitario.
El referente cuestionó las decisiones del Gobierno nacional y se refirió al papel del Poder Judicial en la controversia por la aplicación de la ley. También destacó el esfuerzo que realizan los equipos universitarios para acompañar las trayectorias académicas y evitar que los estudiantes abandonen sus carreras.
Por su parte, Roberto Cabeda, de ATE, vinculó la movilización con otros reclamos sociales y laborales. El dirigente señaló que el gremio había convocado a un paro general nacional y llamó a sostener la participación en las calles frente a la situación económica y social.
“Argentina no se vende, se defiende”, expresó al reivindicar la defensa de la soberanía nacional y la continuidad de la lucha colectiva.
UNA DEFENSA QUE VA MÁS ALLÁ DE LAS UNIVERSIDADES
El documento leído por estudiantes en la plaza San Martín puso el acento en el carácter social de la educación pública y en su relación con otros derechos.
La declaración planteó que el financiamiento universitario no se limita al pago de salarios, sino que comprende las becas, la investigación, los laboratorios, la extensión, la infraestructura y el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
También vinculó el reclamo universitario con las demandas de jubilados, personas con discapacidad y trabajadores, al sostener que la defensa de la educación no puede separarse de las condiciones de vida de la población, el trabajo, la producción, la soberanía y la democracia.
“Los derechos que hoy tenemos no aparecieron solos. Fueron el resultado de decisiones colectivas, de consensos sociales y de muchas luchas”, señala el texto.
La declaración reivindicó, además, el papel de las universidades públicas en la Patagonia, tanto por la formación de profesionales como por la producción de conocimiento y su aporte al desarrollo de las comunidades.
La multitudinaria convocatoria volvió a mostrar que el reclamo universitario mantiene presencia en las calles de Puerto Madryn. Con una columna de casi cuatro cuadras, la movilización cerró con un mensaje que atravesó toda la jornada: la exigencia de recursos para garantizar una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad.
“¿Cómo se sigue? Se sigue luchando. ¡Viva la universidad pública!”, concluyó el documento. (AUDIO)
