En una audiencia llevada a cabo en la mañana del martes en la Secretaría de Trabajo, en el marco de la conciliación oblkigatoria en el conflicto suscitado entre la Administración Portuaria y el gremio que nuclea a los trabajadores del Organismo, se alcanzó un acuerdo significativo para la regularización de personal contratado, marcando un avance importante en la resolución del conflicto laboral.
Durante el encuentro, se notó una mejor predisposición entre las partes involucradas en comparación con reuniones anteriores, lo que permitió un diálogo más fluido y orientado a soluciones. En este marco, la Administración se comprometió a iniciar, desde hoy, un proceso que se extenderá por un plazo de seis meses. Este proceso consistirá en solicitar informes a las jefaturas para evaluar la necesidad de personal contratado y determinar, a través de entrevistas individuales, su idoneidad, experiencia y voluntad de continuar en sus puestos.
Al finalizar este periodo, se definirá qué parte del personal será efectivamente incorporada a la planta permanente. Además, se ratificó la contratación de la nueva empleada, confirmando que en ningún momento fue intención del sindicato solicitar su desvinculación.
Por otro lado, el sindicato reiteró la solicitud de que se respete el artículo quinto del convenio, que prioriza la contratación de hijos de empleados que cumplan con los requisitos establecidos. Aunque la administración no se comprometió formalmente, se mostró receptiva a la petición.
Finalmente, quedaron en evidencia las diferencias respecto a la atribución del mérito por la decisión de pasar a planta a los empleados contratados.
Sorpresivamente el representante de la Administración Portuaria sostiene que esta medida ya había sido planificada en un acta del 7 de agosto, mientras que el sindicato argumenta que dicha información no fue comunicada previamente ni en la audiencia del pasado 13, con lo que –expresaron los gremialistas- se hubiera evitado el conflicto.
El expediente de la audiencia quedó abierto para que cualquiera de las partes pueda solicitar una nueva intervención de la Secretaría de Trabajo en caso de que no se cumplan los compromisos asumidos.
