Los operativos destinados a detectar y desarticular conexiones clandestinas de energía eléctrica se han convertido en una tarea frecuente en Puerto Madryn. Las acciones son desarrolladas de manera conjunta por personal técnico de Servicoop, la Fiscalía local y la División Policial de Investigaciones (DPI), con el objetivo de combatir el hurto de energía y reducir los riesgos que generan estas prácticas ilegales.
Contrariamente a la percepción generalizada de que este tipo de irregularidades se concentra exclusivamente en barrios vulnerables, las investigaciones recientes permitieron detectar situaciones irregulares en sectores residenciales e incluso en establecimientos comerciales de la ciudad.
Según explicó el funcionario de Fiscalía, Dr. Gastón Alcuero, los allanamientos realizados durante los últimos días fueron el resultado de una investigación iniciada tras denuncias formuladas por la cooperativa eléctrica. El trabajo comenzó a partir de relevamientos efectuados por cuadrillas técnicas de Servicoop, que detectaron presuntas maniobras destinadas a evitar la medición del consumo eléctrico mediante conexiones ilegales o alteraciones en las instalaciones.
En uno de los procedimientos recientes se allanaron cinco domicilios con autorización judicial. La tarea fue realizada en conjunto con la DPI y personal técnico especializado, quienes verificaron la existencia de conexiones consideradas irregulares en incumplimiento de la normativa vigente.
Alcuero recordó que la manipulación de medidores, instalaciones o tendidos eléctricos está expresamente prohibida para los usuarios y que estas conductas pueden constituir el delito de hurto. Desde el punto de vista jurídico, explicó, la energía eléctrica posee valor económico, puede ser medida y es susceptible de apropiación ilegítima, motivo por el cual la jurisprudencia argentina admite su encuadre dentro de esa figura penal.
La investigación no distingue el tipo de inmueble donde se detecta la irregularidad. “El delito es el mismo, sea una vivienda de un barrio popular o una propiedad ubicada en un sector residencial”, señaló el funcionario, quien agregó que en algunos casos la situación puede resultar más grave cuando involucra actividades comerciales debido al mayor volumen de consumo y al impacto que genera sobre la red.
Además de la afectación económica para la cooperativa, las conexiones clandestinas representan un serio riesgo para la seguridad pública. Las instalaciones precarias pueden provocar sobrecargas, daños en la infraestructura eléctrica e incendios en viviendas o comercios. También deterioran la calidad del servicio que reciben los usuarios que abonan regularmente sus facturas, generando caídas de tensión y otros inconvenientes en el suministro.
Desde Servicoop indicaron que los controles sobre las redes eléctricas son permanentes y que cada vez que se detectan irregularidades se pone la situación en conocimiento de la Justicia para avanzar con las investigaciones correspondientes.
Las personas identificadas durante los procedimientos podrían ser formalmente imputadas por el delito de hurto de energía eléctrica una vez reunidos los elementos de prueba necesarios. Paralelamente, el Estatuto Social de la cooperativa contempla sanciones económicas y administrativas para quienes incurran en este tipo de maniobras.
Finalmente, desde la Fiscalía destacaron el trabajo coordinado entre los investigadores policiales y los técnicos de la cooperativa, al tiempo que advirtieron sobre la gravedad de estas prácticas por los riesgos que implican tanto para quienes las realizan como para terceros.
La palabra de Dr. Gastón Alcucero (AUDIO)
