Por estas horas, el Gobierno de Chubut celebra haber destrabado el conflicto que amenazaba el inicio de la temporada de langostino en aguas nacionales.
Sin embargo, detrás del acuerdo anunciado por la Provincia, distintos sectores de la actividad advierten que los problemas estructurales de la pesca continúan sin resolverse y que las tensiones podrían trasladarse a otros eslabones de la cadena productiva.
La reunión encabezada por el gobernador Ignacio Torres permitió alcanzar un entendimiento con representantes gremiales y empresariales que garantiza, al menos por ahora, el inicio de una temporada considerada clave para la economía regional.
El Ejecutivo destacó especialmente la decisión de mantener durante nueve meses los valores vigentes aplicables al recurso pesquero, absorbiendo el costo fiscal correspondiente para aportar previsibilidad al sector.
Desde el Gobierno se presentó el acuerdo como una muestra de diálogo y de defensa del empleo, remarcando la importancia de evitar una paralización de una de las principales actividades productivas de Chubut.
Sin embargo, la realidad del sector aparece bastante más compleja que la imagen de normalidad que intentó transmitir la administración provincial.
COSTOS QUE SIGUEN GENERANDO PREOCUPACIÓN
En las últimas horas, el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, volvió a plantear fuertes cuestionamientos por los costos operativos en los puertos chubutenses, especialmente en relación con las tarifas de estiba vinculadas al SUPA.
Según explicó, la diferencia de costos respecto de otros puertos del país estaría generando una pérdida de competitividad que podría derivar en una reducción de descargas en Puerto Madryn y otros puertos provinciales.
De la Fuente advirtió que algunas empresas ya analizan operar en otras jurisdicciones, aun asumiendo mayores costos de navegación y combustible, para evitar afrontar tarifas que consideran excesivas.
La preocupación no es menor. Menos descargas en Chubut implican menos actividad para trabajadores portuarios, transportistas, plantas procesadoras y toda la economía vinculada al movimiento pesquero.
«Va a haber empresas que empiecen a tomar decisiones sobre dónde competir y dónde invertir», sostuvo el dirigente empresario, quien además insistió en la necesidad de declarar una emergencia pesquera para afrontar la situación que atraviesa el sector.
EL RECLAMO QUE SIGUE LATENTE
Pero el conflicto pesquero tampoco se agota en la discusión entre empresas y estibadores.
Otro foco de tensión continúa abierto con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), que viene expresando su rechazo a modificaciones aprobadas recientemente para incrementar la cantidad de langostino que puede procesarse a bordo de los buques.
Desde el gremio sostienen que esa medida favorece el procesamiento en el mar y reduce el volumen de materia prima que llega a las plantas en tierra, afectando directamente las fuentes laborales de miles de trabajadores vinculados al procesamiento industrial.
Se trata de una discusión de fondo que excede la coyuntura actual y que enfrenta dos modelos de desarrollo: uno orientado a maximizar la productividad a bordo de las embarcaciones y otro que prioriza la generación de empleo en las plantas radicadas en las ciudades portuarias.
UNA CRISIS QUE TODAVÍA NO ENCUENTRA SALIDA DEFINITIVA
En ese contexto, ni el optimismo exhibido por el Gobierno provincial ni las demandas sectoriales alcanzan por sí solos para explicar un escenario que sigue siendo complejo.
La temporada podrá comenzar, pero persisten reclamos empresariales por competitividad, cuestionamientos sindicales por la preservación del empleo y pedidos de medidas extraordinarias para sostener una actividad que continúa enfrentando altos costos operativos, presión impositiva y dificultades para competir en los mercados internacionales.
Mientras tanto, el sector observa con preocupación cómo decisiones que hoy parecen circunscriptas a una negociación puntual podrían terminar impactando en la cantidad de descargas, el trabajo en las plantas y la generación de empleo genuino en ciudades como Puerto Madryn.
La pesca volvió a ponerse en marcha, pero el conflicto de fondo está lejos de haber quedado resuelto.
