Por tercera vez consecutiva, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) reclamó al Gobierno de Chubut que haga público el último acuerdo firmado con la empresa Red Chamber, un documento que, pese a los reiterados pedidos, continúa sin ser puesto a disposición de los trabajadores, principales afectados por su contenido.
Desde el inicio del conflicto, el gremio viene denunciando la falta de transparencia oficial, las contradicciones en el discurso del Ejecutivo y la ausencia de definiciones concretas sobre el futuro laboral de 78 trabajadores, que hoy atraviesan una situación de extrema incertidumbre.
El malestar se profundiza ante la persistente negativa a exhibir un contrato que, según el secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, sería “público”, aunque en la práctica nadie puede acceder a él.
La tensión aumentó tras una reunión realizada hace dos semanas, en la que el secretario de Trabajo de la provincia, Nicolás Zárate, afirmó que el Estado provincial se haría cargo de las indemnizaciones de 45 de los 78 trabajadores afectados.
La propuesta, que no figura en ningún acta ni documento oficial, fue rechazada por una parte de los trabajadores, mientras que otros la habrían aceptado de manera tácita, ante el desgaste y la falta de alternativas.
Según trascendió, el funcionario se comprometió además a presentar una propuesta “cuantificable”, que contemple antigüedad y otros conceptos indemnizatorios. Sin embargo, a casi dos semanas de ese anuncio, no hubo avances concretos ni documentación respaldatoria.
En paralelo, trabajadores que integran la nómina de personal que Red Chamber no estaría dispuesta a reincorporar relataron el clima de incertidumbre que atraviesan día a día. Uno de ellos confirmó que los subsidios comprometidos por el Gobierno “ya están firmados y depositados”, pero no pueden cobrarse por trabas administrativas dentro del propio sindicato.
“Estamos esperando afuera del sindicato para ver cómo se puede retirar esa plata. Siempre pasa algo. Si no es una, es otra”, expresó el trabajador, quien además señaló que todavía no recibieron ninguna propuesta formal con montos individuales de indemnización. “Hasta que no tengamos los números del Gobierno para cada uno, no sabemos cuánto nos ofrecen ni si nos conviene”, explicó.
El testimonio también expone la presión que se vive dentro de la planta y el temor a reclamar. “No podés reclamar sueldos caídos ni pagos mal liquidados, porque te dicen ‘ahí están las puertas’. Es un día a día que te satura en lo personal y en lo familiar”, relató.
La postura del Gobierno provincial genera fuertes cuestionamientos. En lugar de exigirle a Red Chamber, como empresa privada y arrendataria de bienes que son patrimonio de todos los chubutenses, que asuma la totalidad de sus obligaciones laborales, el Estado aparece dispuesto a cubrir indemnizaciones con fondos públicos, trasladando el costo del conflicto a la sociedad.
Desde el STIA advierten que, de confirmarse esta decisión, se trataría de una medida injustificable que expone a un Gobierno con herramientas legales y políticas suficientes para intimar y sancionar a la empresa, pero que opta por ubicarse en un rol subordinado frente a Red Chamber. Mientras tanto, el acuerdo que explica este escenario continúa oculto y los trabajadores siguen esperando respuestas concretas.
