Una investigación iniciada a partir de la denuncia de una vecina de Puerto Madryn derivó en una serie de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde fueron detenidas tres personas acusadas de integrar una organización dedicada a estafas virtuales vinculadas a criptomonedas, falsas inversiones financieras y sociedades fantasmas.
La causa es impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, a cargo del fiscal general Dr. Fernando Rivarola, y ya cuenta con once imputados identificados.
Según la investigación, la maniobra consistía en captar inversores mediante promesas de altas ganancias en criptomonedas, acciones y otros activos financieros. Para sostener el engaño, los acusados utilizaban una aplicación apócrifa que simulaba movimientos bursátiles y supuestos rendimientos económicos.
De acuerdo con la denuncia que dio origen al expediente, una mujer de Puerto Madryn aseguró haber invertido más de 100 millones de pesos durante 2023. En un primer momento habría recibido aparentes ganancias, lo que fortaleció la confianza en el sistema, aunque posteriormente no pudo recuperar el dinero aportado.
La pesquisa ya había tenido un fuerte avance hace un mes, cuando se realizaron 21 allanamientos simultáneos que permitieron desarticular parte de la estructura de la organización. En ese operativo se secuestraron más de 250 mil dólares entre efectivo y criptomonedas, además de vehículos y dispositivos electrónicos.
Ahora, en una nueva etapa de la investigación, se concretaron otros diez procedimientos en distintos barrios porteños y localidades bonaerenses. Allí fueron identificadas 19 personas y quedaron detenidos tres hombres señalados como presuntos integrantes de la asociación.
Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, notebooks, tarjetas bancarias, soportes digitales y dinero en efectivo.
AUDIENCIA DE CONTROL DE DETENCION Y APERTURA DE INVESTIGACION
Los tres detenidos fueron trasladados a Puerto Madryn y en la audiencia celebrada en la tarde de este domingo la jueza penal Dra. María Alejandra Hernández, dispuso la prisión preventiva por tres meses para los tres.
Fueron imputados por asociación ilícita y estafa. Dos de ellos son hermanos asistidos por la Defensa Pública, mientras que el restante, un contador público, fue representado por un abogado particular del foro local.
La investigación sostiene que, cuando las víctimas intentaban retirar el dinero invertido, los acusados argumentaban supuestas restricciones administrativas o trabas del Banco Central para justificar las demoras y evitar las devoluciones, mientras la plataforma ficticia continuaba mostrando movimientos financieros inexistentes.
