La discusión por el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte de pasajeros en Puerto Madryn sumó un nuevo capítulo. Mientras el debate político permanece sin avances concretos, un grupo de conductores de Uber y DiDi decidió acudir a la Justicia para intentar obtener una habilitación provisoria que les permita trabajar sin exponerse a multas y al secuestro de sus vehículos.
La presentación consiste en una medida cautelar de carácter colectivo impulsada por conductores de ambas plataformas, quienes sostienen que buscan una respuesta judicial ante la falta de definiciones sobre una regulación de la actividad.
Pamela Pavez, una de las referentes del grupo, explicó que la acción judicial representa a los trabajadores de las aplicaciones que actualmente funcionan en la ciudad y que el objetivo es poder desarrollar la actividad «con tranquilidad», mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
Según indicó, durante los últimos meses mantuvieron reuniones tanto con concejales como con integrantes del Ejecutivo municipal. En el Concejo Deliberante llegó a analizarse la posibilidad de modificar la ordenanza que prohíbe las aplicaciones de transporte, aunque la iniciativa perdió impulso y finalmente no prosperó.
Ante ese escenario, los conductores resolvieron contratar representación legal y presentar recursos en distintos juzgados laborales. Al tratarse de medidas cautelares, esperan que exista una resolución en un plazo breve, aun durante la feria judicial.
Actualmente, la prestación del servicio mediante plataformas constituye una infracción a la normativa municipal vigente, lo que habilita a los inspectores de Tránsito a labrar multas y secuestrar los vehículos cuando detectan la actividad.
La controversia, sin embargo, excede el reclamo de quienes trabajan con las aplicaciones. Los propietarios de licencias de taxis de Puerto Madryn, junto a sus pares de Trelew, Rawson y otras ciudades de Chubut, ratificaron su rechazo a las plataformas y solicitaron al Enacom que intervenga para bloquear su funcionamiento.
En paralelo, un sector de peones de taxis manifestó públicamente una postura diferente: reclamó que las aplicaciones sean reguladas y habilitadas, al tiempo que cuestionó el sistema de alquiler de licencias que, según sostienen, beneficia a los titulares de permisos y perjudica a quienes trabajan diariamente detrás del volante.
Así, un conflicto que durante meses transitó los despachos del Concejo Deliberante y del Ejecutivo municipal terminó trasladándose a los tribunales. Ahora será la Justicia la que deba pronunciarse sobre el pedido de los conductores, mientras la ciudad continúa sin una definición política sobre el futuro de las plataformas digitales de transporte.
