Desde la Agencia de Género de la Fiscalía de Puerto Madryn, se plantea una discusión crucial sobre el uso de juicios por jurados en casos relacionados con abuso sexual y violencia de género. A nivel nacional, surgen voces que cuestionan la idoneidad de este sistema para abordar casos tan sensibles, y con razón.
La realidad es que persisten prejuicios arraigados hacia las mujeres y una falta de perspectiva, heredados de una sociedad machista y patriarcal. Esto se refleja en respuestas judiciales que a menudo son consideradas injustas por las víctimas y por quienes abogan por la igualdad de género.
Pero la preocupación va más allá. En casos de abuso sexual a menores, el sistema de juicio por jurados presenta una grave limitación: la víctima no tiene derecho a apelar el fallo si el acusado es declarado no culpable. Esta carencia de mecanismos de protección para las víctimas es inaceptable en una sociedad que busca garantizar la justicia y proteger a los más vulnerables.
Es por eso que desde el Ministerio Público Fiscal, a través de la Agencia de Violencia de Género y Abuso, se propone una solución concreta: capacitar obligatoriamente a los integrantes del jurado popular en perspectiva de género o en la ley Micaela. Esta medida no solo garantizaría un mayor entendimiento de las complejidades de estos casos, sino que también promovería una justicia más equitativa y sensible a las necesidades de las víctimas.
Es hora de revisar y mejorar nuestro sistema judicial para asegurar que las víctimas de abuso sexual y violencia de género reciban la justicia y el apoyo que merecen. ¡Es momento de actuar!
