Mientras el Superior Tribunal impulsa cambios estructurales en los procesos no penales y limita actividades externas de quienes trabajan en la Justicia, magistrados y empleados plantean observaciones sobre el alcance y las consecuencias de las medidas.
El Poder Judicial de Chubut atraviesa semanas de intenso debate institucional a partir de dos iniciativas impulsadas por el Superior Tribunal de Justicia: la reglamentación de incompatibilidades para magistrados, funcionarios y empleados judiciales, y el envío a la Legislatura del proyecto denominado «Reforma Judicial 2026», que propone un nuevo Código General de Procesos no Penales.
La reforma procesal busca reemplazar el actual sistema de tramitación de causas civiles, comerciales, laborales, de familia y procesos colectivos por un esquema unificado basado en la oralidad, la digitalización de expedientes y el uso de lenguaje claro. Además, contempla la creación de una Cámara de Apelaciones Laboral con competencia provincial.
Sin embargo, desde distintos sectores judiciales comenzaron a surgir cuestionamientos respecto de algunos aspectos del proyecto.
La presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, Carina Estefanía, confirmó que la entidad aún se encuentra recopilando opiniones técnicas de jueces y funcionarios de los distintos fueros antes de emitir una postura institucional definitiva.
No obstante, adelantó que existen observaciones relevantes, especialmente en relación con la incorporación de oficinas de gestión judicial para los procesos no penales.
Según explicó, experiencias similares desarrolladas en otros ámbitos no habrían mostrado los resultados esperados y generan reparos entre operadores judiciales que trabajan en los fueros civil, comercial y de familia.
Otro de los puntos señalados por la dirigente es el impacto económico que demandaría una transformación de semejante magnitud.
Estefanía advirtió que la reforma implica cambios estructurales importantes que, a su criterio, requerirán inversión en infraestructura, tecnología y recursos humanos. Como antecedente mencionó las dificultades que todavía existen para implementar plenamente el sistema de juicio por jurados en algunas circunscripciones judiciales de la provincia.
INCOMPATIBILIDADES Y RECLAMOS
Paralelamente, la reciente acordada del Superior Tribunal que reglamenta incompatibilidades para quienes integran el Poder Judicial también generó repercusiones.
Desde la Asociación de Magistrados respaldaron la medida y señalaron que las restricciones buscan preservar principios esenciales como la independencia e imparcialidad judicial.
Estefanía sostuvo que actividades como el ejercicio del comercio, profesiones liberales o actividades deportivas profesionales pueden generar vínculos e intereses incompatibles con la función judicial.
La dirigente recordó además que la reglamentación de estas incompatibilidades era una deuda pendiente desde 2019, cuando una modificación legislativa delegó esa facultad en el Superior Tribunal.
No obstante, reconoció que la Asociación había propuesto restricciones más precisas respecto del ejercicio de la docencia, sugerencia que finalmente no fue incorporada en la acordada aprobada.
La medida también alcanza a empleados judiciales, un aspecto que motivó cuestionamientos desde sectores gremiales.
Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (SITRAJUCH) señalaron que existe preocupación por el impacto que las nuevas limitaciones pueden tener sobre trabajadores cuyos salarios han perdido poder adquisitivo en los últimos años.
La organización presentó una nota formal solicitando la reconsideración de algunos puntos de la acordada y aguarda una respuesta del Superior Tribunal.
Según indicaron desde la conducción sindical en Puerto Madryn, la situación forma parte de las discusiones que serán analizadas en asambleas convocadas para los próximos días, junto con los reclamos vinculados a recomposición salarial.
De esta manera, tanto la reglamentación de incompatibilidades como la reforma procesal proyectada abrieron un debate que involucra a magistrados, funcionarios, empleados y autoridades judiciales, en un contexto donde también se discuten recursos, condiciones laborales y el futuro modelo de gestión de la Justicia provincial.
