La Fundación Ayuda al Accidentado, presidida por el abogado Roberto Hughes, presentó un recurso de amparo contra el Decreto 461/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
La acción judicial solicita que se declare la inaplicabilidad de esa medida hasta que el Gobierno nacional garantice que las funciones de los organismos a eliminar sean asumidas por estructuras con capacidad jurídica, operativa y económica para cumplir los mismos objetivos, ya sea en el ámbito nacional o provincial. También pidió una medida cautelar para suspender de inmediato la aplicación del decreto en lo que respecta a la disolución de los tres organismos.
El expediente (FCR 8293/2025) se inició en el Juzgado Federal N° 1 de Rawson, pero el juez Hugo Ricardo Sastre declaró la incompetencia territorial y ordenó su remisión al Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, Buenos Aires. Allí ya tramita una causa similar impulsada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, en la que se dictó una medida de no innovar que suspendió por seis meses la aplicación del decreto.
En diálogo con Radio Patagonia, Hughes advirtió que “la desaparición de Vialidad Nacional y de los organismos de seguridad vial no es un tema burocrático: es un retroceso en la prevención de accidentes y en el mantenimiento seguro de las rutas argentinas”. También explicó que la fundación considera que el decreto vulnera derechos colectivos vinculados a la seguridad pública y a la infraestructura vial.
La entrevista por Radio Patagonia: (AUDIO)
