El Superior Tribunal de Justicia de Chubut volvió a quedar en el centro de la polémica tras conocerse la contratación de Francisco Gambuzza, ex gerente de Prensa y Relaciones Institucionales de la Televisión Pública, quien está siendo investigado por presunta defraudación al Estado y enriquecimiento ilícito. La decisión generó un fuerte rechazo por parte del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (SiTraJuCh) y la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, y abrió un nuevo frente de críticas hacia el máximo órgano del Poder Judicial.
Según se desprende de la Resolución Administrativa General N° 427/2025, firmada en mayo por el administrador general del STJ, Gambuzza fue contratado para brindar “servicios” al tribunal entre junio y noviembre de este año, por un monto total de $5.728.000. El contrato fue gestionado directamente por el ministro Javier Gastón Raidán, sin concurso ni convocatoria pública, amparado en las excepciones previstas por la Ley II N° 76. La resolución detalla que el funcionario percibirá una primera cuota de $928.000 y luego cinco pagos mensuales de $960.000, supeditados a la presentación de facturas y la conformidad sobre los servicios prestados.
No obstante, tanto el sindicato judicial, como los magistrados y funcionarios, advirtieron que el propio Gambuzza fue señalado en su paso por la TV Pública por cobrar más de $800.000 mensuales sin tener oficina ni tareas asignadas. El caso llegó incluso al Congreso Nacional y motivó la intervención de la Fiscalía Federal.
“El Poder Judicial no puede ser un refugio para figuras investigadas por corrupción”, afirmó el SiTraJuCh en un comunicado en el que también se denuncian prácticas que, según el gremio, deterioran el funcionamiento institucional: “designaciones discrecionales, privilegios presupuestarios y resistencias a los mecanismos de control”.
Durante su gestión anterior, Gambuzza fue vinculado públicamente a Enrique “Pepe” Albistur, esposo de la ministra Victoria Tolosa Paz, con quien también habría trabajado como asesor. En medios críticos del oficialismo fue calificado como “ñoqui de lujo” y su nombre circuló con fuerza en redes sociales tras las denuncias sobre su desempeño en el canal estatal. Consultado tiempo atrás por el diario Clarín, el propio Gambuzza defendió su rol alegando que cumplía funciones de “asesoría directa a la dirección ejecutiva” y que no requería estar físicamente en las oficinas.
La designación en Chubut se da en un contexto de creciente tensión con el Poder Judicial, que semanas atrás debió retroceder con un aumento salarial autoconcedido, en medio de críticas del gobierno provincial, la Asociación de Magistrados y sectores gremiales. El gobernador Ignacio Torres había reclamado entonces “gestos de austeridad y transparencia” e instó a que el Poder Judicial se sume al Censo de Empleados Públicos.
UN ACUERDO PARCIAL POR LA DEUDA, PERO SIN CERRAR EL CONFLICTO
En medio de ese clima de confrontación, el gremio SiTraJuCh aceptó la semana pasada una propuesta del STJ para el pago en cuotas de la deuda salarial correspondiente a una actualización del 14% pendiente desde 2024. El acuerdo, que fue considerado un paso necesario pero insuficiente, establece un esquema de pagos en cuatro tramos: 2% en junio (aplicable también al aguinaldo), 4% en julio, 4% en agosto y el 4% restante en septiembre.
Desde el sindicato remarcaron que la aceptación respondió a la necesidad de garantizar que todos los trabajadores del Poder Judicial perciban lo adeudado, aunque aclararon que la propuesta está lejos de colmar las expectativas, ya que se había reclamado el pago total en un solo tramo. Las medidas de fuerza fueron levantadas luego de que el STJ reconociera formalmente que las acordadas anteriores —por las que se habían auto adjudicado aumentos— se dictaron de manera irregular y en contra de los principios de legalidad y transparencia.
“La baja de esas acordadas vino a remediar parcialmente el problema, pero seguimos en lucha por todas las cuestiones que aún afectan el funcionamiento transparente del sistema”, señalaron desde el SiTraJuCh, que ya prepara el terreno para una nueva negociación en octubre, cuando se prevé una revisión general de los incrementos.
Finalmente, el gremio llamó a sostener la unidad en el reclamo y evitar que las decisiones individuales socaven el sentido colectivo de la lucha: “Lo importante es no perder de vista el objetivo común: defender un Poder Judicial transparente, justo y con condiciones dignas para quienes lo sostienen todos los días”.
