La Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley provincial V-201, que suprime garantías históricas para jueces, legisladores y otros funcionarios. Denuncian una avanzada del Ejecutivo sobre la independencia del Poder Judicial.
Con la firma de su presidente, el juez Claudio Petris, y la secretaria. La jueza Marcela Pérez Bogado, la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial del Chubut (AMFJPCh) presentó ante el Superior Tribunal de Justicia una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la ley V-201, sancionada por la Legislatura a instancias del Ejecutivo provincial.
La ley cuestionada modifica los artículos 247 y 248 de la Constitución Provincial y elimina las inmunidades de arresto y proceso para diversos funcionarios públicos. Desde el Gobierno se argumentó que se trata de una respuesta al “cansancio social frente a los privilegios”, pero desde la Asociación de Magistrados aseguran que se está lesionando la forma republicana de gobierno y la independencia judicial.
En la presentación judicial, la AMFJPCh sostiene que los fueros no constituyen privilegios personales, sino garantías institucionales que resguardan la separación de poderes. El escrito cita jurisprudencia nacional y doctrina constitucional que destaca que estas prerrogativas son esenciales para el funcionamiento independiente del Poder Judicial.
Además, se solicitó que el Superior Tribunal se integre con conjueces –abogados de la matrícula que no ejercen como jueces– al considerar que los actuales miembros del tribunal están afectados directamente por la norma y podrían no garantizar imparcialidad.
La voz de los magistrados: “No se puede disfrazar de republicanismo un ataque a las garantías”
En diálogo con el periodista Gustavo Huentelaf por Radio Patagonia de Puerto Madryn, la jueza Marcela Pérez Bogado, secretaria de la Asociación de la Magistratura del Chubut y una de las firmantes de la acción, fue contundente al cuestionar la ley impulsada por el Ejecutivo provincial:
“Nos preocupa profundamente que se presente como un avance institucional lo que en realidad es una regresión grave en términos democráticos. Las inmunidades no son privilegios personales: son garantías de funcionamiento que protegen la independencia de los poderes del Estado, en particular del Poder Judicial.”
Según explicó la magistrada, “la Constitución no permite que se afecten estas garantías por vía de enmienda”, y advirtió que “esto vulnera la forma republicana de gobierno y el principio de división de poderes que las provincias deben respetar según el artículo 5° de la Constitución Nacional”.
También señaló que no existe ningún antecedente reciente en la provincia que justifique una supuesta urgencia o abuso del sistema de fueros:
“Aquí se ha procesado a legisladores en ejercicio de su mandato y se han removido jueces por los mecanismos institucionales previstos. No hay ningún caso que respalde esta idea de que los fueros protegen a delincuentes.”
Finalmente, enfatizó:
“No se puede disfrazar de republicanismo un ataque a las garantías que hacen posible que un juez actúe sin presiones. Si esto avanza, estamos ante una alteración grave del equilibrio entre poderes.”
El audio de la entrevista por Radio Patagonia. (AUDIO)
PRÓXIMOS PASOS
La ley V-201 establece que la enmienda constitucional será sometida a referéndum en la próxima elección general. Mientras tanto, la acción judicial presentada por la AMFJPCh solicita una medida cautelar y deja abierta la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de rechazo.
La causa ahora está en manos del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, que deberá decidir si admite la acción y si accede al pedido de integración con conjueces.
