La crisis del Poder Judicial en Chubut se profundiza día a día. A las denuncias por falta de independencia de los jueces, los salarios adeudados desde mediados de 2024 y los privilegios internos dentro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ahora se suma un hecho que podría marcar un antes y un después: la Asociación de Magistrados y el gremio judicial SITRAJUCH accedieron finalmente a la documentación que reclamaban desde hace más de un mes, y anunciaron que iniciarán el procedimiento de juicio político contra el presidente del STJ, Javier Raidan, además de denuncias penales contra la totalidad de los ministros del Alto Cuerpo.
El nuevo capítulo se abrió tras una reunión realizada ayer, de la que participaron Claudio Petris y Gustavo Cruz, en representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut (AMFJCH), junto a Patricio Castillo Meisen, del Colegio de Abogados de Puerto Madryn. También estuvieron presentes representantes del SITRAJUCH, lo que dio cuenta de la unidad de todos los sectores del Poder Judicial en torno al reclamo.
Según informaron desde la Asociación y el sindicato, lo que encontraron en las acordadas del STJ encendió todas las alarmas:
Aumentos encubiertos y desproporcionados para los ministros y ministras del Superior Tribunal.
Nombramientos y ascensos sin concurso.
Otorgamiento de viáticos diferenciales para jueces y sus choferes.
Compras de vehículos de alta gama, entre otros gastos cuestionables.
Las acordadas, ahora retiradas, fueron obtenidas en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. A partir de su análisis, la Asociación de Magistrados —con mandato de asamblea— anunció que avanzará con el pedido de juicio político contra Raidan y con la presentación de denuncias penales por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y designaciones dentro del Poder Judicial.
FALTA DE INDEPENDENCIA Y SUELDOS CONGELADOS
El escenario general es de extrema complejidad. Por un lado, los trabajadores judiciales nucleados en SITRAJUCH mantienen sus reclamos por salarios adeudados. Por otro, crecen las críticas por la falta de independencia del Poder Judicial frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo. En el centro de las sospechas están las designaciones directas, el uso discrecional de tarjetas cooperativas, la compra de vehículos oficiales y los vínculos entre los tres poderes que, según denuncian, desdibujan los límites institucionales y comprometen la división de poderes.
En las últimas horas, se sumaron las voces de la jueza Marcela Pérez Bogado, secretaria de la AMFJCH, y de Analia Barreto, referente de SITRAJUCH en Puerto Madryn, quienes expresaron públicamente su preocupación por la gravedad del escenario y el impacto directo sobre la prestación del servicio de justicia en toda la provincia.
Asi expresó la Dra. Pérez Bogado, de la Asociación de Magistados y Funcionarios. (AUDIO)

Por su parte, reiteró la postura de los trabajadores Analía Barreto (AUDIO)

LA FAM TAMBIÉN SE PRONUNCIÓ
La Federación Argentina de la Magistratura (FAM), entidad que agrupa a jueces y juezas de todo el país, también se pronunció en las últimas horas. Manifestó su «profunda preocupación por la situación institucional del Poder Judicial de Chubut», al que calificó como inmerso en una crisis estructural que pone en riesgo su funcionamiento.
En paralelo, desde sectores legislativos y del propio gobierno provincial se discuten propuestas para limitar los aumentos salariales del Poder Judicial. Se busca poner freno a las acordadas que replican los sueldos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en jurisdicciones provinciales, generando distorsiones cada vez más difíciles de sostener en un contexto de crisis económica.
UN FRENTE JUDICIAL UNIDO
El dato político más fuerte, quizá, sea la articulación inédita entre gremios, asociaciones de magistrados y colegios de abogados, que hasta ahora venían actuando en carriles paralelos. Todos coinciden en que la salida de la crisis requiere transparencia, límites al autogobierno del STJ y garantías efectivas de independencia judicial.
El avance sobre las máximas autoridades del Poder Judicial marca una escalada que podría tener consecuencias profundas e incluso derivar en un rediseño institucional.


LOS JUECES DENUNCIARÁN PENALMENTE A LOS MINISTROS DEL STJ Y SOLICITARÁN EL JUICIO POLÍTICO A RAIDAN
La entidad que nuclea a los jueces, fiscales y defensores de toda la provincia decidió proseguir con dos de las cuatro acusaciones que habían formulado la semana pasada a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Esta escalada de tensión entre la mencionada Asociación y los Ministros del STJ se focaliza ahora en dos denuncias.
La primera de ellas es una denuncia penal que sería presentada en la mañana de mañana 26 de junio en la sede de la Fiscalía de la Ciudad de Rawson con el patrocinio de los abogados Alfredo Pérez Galimberti y el constitucionalista Raúl Heredia.
La restante, será un pedido de juicio político al Presidente del STJ, Javier Gerardo Raidan, dado que los hechos denunciados como violaciones al marco normativo existe, ocurrió bajo el ejercicio de su presidencia. Dicha solicitud deberá ingresar a la Cámara de Diputados de la Provincia quien deberá determinar primero, si dicho pedido cuenta con la entidad suficiente y necesaria para que instituya como tal y, de ser así, la Casa de las Leyes deberá poner en funcionamiento las salas de acusar y de juzgar para instrumentar el pedido de jury de enjuiciamiento a Raidan.
