La jueza penal Dra. Patricia Reyes condenó a Pablo Daniel Hughes a la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso por los delitos de robo y abigeato simple en grado de tentativa, en el marco de un juicio realizado en Puerto Madryn.
Según surge del fallo judicial, Hughes fue hallado penalmente responsable por dos hechos ocurridos entre diciembre de 2024 y marzo de 2025. El primero correspondió a un robo ocurrido el 31 de diciembre del año pasado, mientras que el segundo estuvo vinculado a un intento de sustracción de animales ovinos en un establecimiento rural de Península Valdés.
La sentencia sostuvo que Hughes ingresó junto a otra persona al campo “El Hinojo”, ubicado a más de 70 kilómetros de Puerto Pirámides, donde fueron encontradas seis ovejas maniatadas. El hecho no llegó a concretarse debido a la intervención del administrador del establecimiento y la posterior actuación policial.
En otro tramo del debate oral también se analizó un robo cometido en una vivienda, donde tras forzar una puerta sustrajeron distintos elementos, entre ellos una garrafa, zapatillas y un elevador de tensión.
En los fundamentos de la condena, la magistrada valoró como agravante que el acusado se trasladara hasta una zona rural alejada y de escasa circulación, utilizando su propio vehículo y acompañado por otra persona, lo que interpretó como una planificación previa para concretar el delito.
También consideró acreditado el perjuicio ocasionado a las víctimas y señaló que el imputado comprendía la criminalidad de sus actos y tenía capacidad de motivarse conforme a la ley.
Al mismo tiempo, el fallo ponderó como atenuantes la ausencia de antecedentes penales computables, su situación familiar y laboral y el hecho de tratarse de la primera condena penal.
Por esa razón, la jueza resolvió dejar en suspenso la pena de prisión, aunque impuso reglas de conducta durante todo el plazo de la condena. Entre ellas, Hughes deberá fijar domicilio, no cometer nuevos delitos, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol, presentarse periódicamente ante la Oficina de Supervisión y mantener prohibición total de contacto y acercamiento con los damnificados.
Además, una vez que la sentencia quede firme, se ordenó el decomiso del automóvil Chevrolet Astra utilizado en el hecho. En la resolución judicial se indicó que el vehículo “sirvió para cometer el delito”, por lo que pasará a favor del Estado provincial para su posterior asignación a una institución pública.
La investigación fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal durante el juicio oral realizado en Puerto Madryn.
