A pesar del reciente proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno del Chubut en torno a la ex Alpesca, persisten múltiples focos de conflicto laboral que mantienen en vilo a decenas de trabajadores.
Uno de los puntos más críticos involucra a 14 operarios que no fueron incluidos en la lista de despedidos al momento en que Red Chamber reasumió la administración de los bienes.
Si bien estos trabajadores completaron los exámenes preocupacionales, aún no han sido incorporados formalmente a la empresa. Esta situación generó un agravante: al haber cumplido con ese requisito, la Provincia dejó de abonarles el subsidio que percibían, por lo que actualmente no cuentan con ningún tipo de ingreso.
Ante la falta de respuestas, el lunes por la mañana se presentaron en la delegación local de la Secretaría de Trabajo, donde realizaron una protesta con elementos de percusión. Sin embargo, no obtuvieron información concreta sobre su situación.
En paralelo, el grupo de 45 trabajadores despedidos que firmaron un acuerdo con el Gobierno provincial —que asumió el pago de las indemnizaciones en lugar de la empresa— continúa con reclamos, aunque no por los montos ya abonados, que fueron oportunamente acordados.
El planteo actual apunta a los valores que trascendieron del expediente judicial por la expropiación de los bienes de la empresa, donde se habrían establecido montos indemnizatorios históricos (correspondientes a los años 2014/2015) que, según sostienen, deberían actualizarse. En ese proceso, que tramita en el fuero civil y comercial, aún resta determinar con precisión la titularidad de los créditos. En este contexto, los derechohabientes de Omar Segundo —reconocido judicialmente como único propietario de la firma— enfrentan además un reclamo de filiación que podría impactar en la definición de los acreedores.
Otro de los puntos conflictivos radica en que, pese a haber percibido las indemnizaciones, varios trabajadores aseguran que en los registros de la ANSES no figura la condición de despido, lo que les impide acceder al subsidio por desempleo. Según indicaron, el acuerdo firmado no contemplaría formalmente esa figura, motivo por el cual iniciaron gestiones legales para su reconocimiento.
El patrocinio de estos reclamos está a cargo de un abogado de Trelew, quien además impulsó una denuncia penal contra el gobernador de la provincia y el fiscal de Estado por la decisión de asumir el pago de las indemnizaciones.
Como si fuera poco, la situación también alcanza al personal embarcado afiliado al SOMU. Según trascendió, Red Chamber no estaría operando con flota propia en este momento, lo que mantiene sin actividad a unos 30 trabajadores de marinería de la ex Alpesca, quienes tampoco perciben ingresos.
El conflicto, que involucra a empresas como Red Chamber, el grupo Profand y el propio Estado provincial, continúa abierto y sin definiciones claras.
