La Justicia de Chubut atraviesa una de sus peores crisis institucionales en décadas. En medio de un conflicto salarial que mantiene paralizado al Poder Judicial, la Asociación de Magistrados y Funcionarios (AMFJCH) decidió avanzar con un pedido de juicio político contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Javier Raidan. La iniciativa cuenta con el respaldo del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUCH), de buena parte del fuero penal y laboral, y de colegios de abogados como el de Puerto Madryn, que ya pidió una renovación completa de la cúpula judicial.
En este contexto, el gobernador Ignacio Torres salió a cuestionar con dureza el pedido de remoción de Raidan. “Acá hay un tema de internismo y de pujas judiciales”, sostuvo al ser consultado por medios locales. El mandatario chubutense, que impulsa un plebiscito para eliminar los fueros especiales en los tres poderes del Estado, sugirió que detrás del proceso contra Raidan hay una intención de frenar su iniciativa: “¿A qué le tiene miedo la Asociación de Magistrados? ¿A que el pueblo chubutense vote? Eso sí es preocupante”, disparó.
ACUSACIONES DE PRIVILEGIOS Y OPACIDAD
La AMFJCH decidió avanzar con el juicio político tras una asamblea que reunió denuncias por sobresueldos encubiertos —que en el caso de Raidan llegarían al 60%—, compra de camionetas de alta gama para los seis ministros del STJ, designaciones sin concurso y casos de presunto maltrato laboral.
La ex presidenta del organismo, Carina Estefanía, desestimó los argumentos que intentan justificar los sobresueldos en una acordada secreta de 1989: “Desconocía totalmente esa acordada. Y si seguía vigente, quedó automáticamente derogada con la Ley de Porcentualidad”.
La situación se volvió aún más tensa con el respaldo abierto del gremio SITRAJUCH al pedido de juicio político. Los trabajadores judiciales se encuentran en paro y reclaman el pago de deudas salariales de 2024. Según el sindicato, los salarios de los ingresantes rondan los $950.000, mientras que los ministros del STJ perciben adicionales que duplican sus ingresos.
“El Dr. Raidan ejerció violencia laboral e institucional”, denunció el gremio en un comunicado, en el que también repudió despidos arbitrarios y desvinculaciones por “sospechas”. El conflicto escaló luego de la suspensión unilateral de una reunión clave en el marco de la conciliación obligatoria.
EL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRYN EXIGE UNA RENOVACIÓN TOTAL
A la inédita presión que enfrentan los ministros del STJ se sumó el pronunciamiento del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn, que no sólo respaldó el pedido de juicio político, sino que reclamó una “renovación integral” que incluya al procurador general y al defensor general de la provincia.
En un durísimo comunicado, el Colegio acusó a los actuales integrantes del STJ de “socavar la credibilidad del Poder Judicial” y de consolidar un esquema de privilegios, discrecionalidad y falta de transparencia. Entre otras medidas, se cuestiona la exención del impuesto a las ganancias a una ministra, la entrega de doce pasajes aéreos por año, viáticos que alcanzan los $320.000 diarios, designaciones a dedo y trato despectivo hacia trabajadores y operadores jurídicos.
“La autoridad moral para dictar sentencias sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía está profundamente deteriorada”, sentencia el documento firmado el 12 de junio en Puerto Madryn. “El descrédito alcanzado por sus actuales integrantes es irreparable”, añade.
TORRES DEFIENDE SU CRUZADA CONTRA LOS FUEROS
Frente al vendaval de cuestionamientos, Ignacio Torres eligió polarizar con los impulsores del juicio político. “Yo no creo en los privilegios de un poder sobre otro. Desde el Ejecutivo avalamos que el pueblo decida eliminar los fueros”, declaró, dejando entrever que los cuestionamientos a Raidan son una reacción corporativa frente a esa posibilidad.
“El proyecto también contempla eliminar los fueros a los sindicatos, y ningún gremio presentó una cautelar”, añadió el gobernador. Y concluyó con una advertencia: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que no se le prohíba al pueblo votar. No vamos a permitir que se frene la voluntad popular para terminar con los privilegios”.
En medio de la escalada, el futuro institucional del Poder Judicial de Chubut parece cada vez más incierto. Las acusaciones cruzadas, los paros, las denuncias de privilegios y el respaldo político abierto a uno de los principales acusados ponen en riesgo la credibilidad y el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado. Y mientras la crisis avanza, crece la presión social para que la justicia deje de mirar hacia adentro y recupere su rol ante la ciudadanía.
