La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una resolución judicial que había confirmado la absolución de un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal en Puerto Madryn y ordenó que el caso vuelva a ser analizado bajo estándares de perspectiva de género y debida diligencia reforzada.
La decisión fue adoptada el 7 de mayo de 2026 al hacer lugar al recurso presentado por el Procurador General de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, contra la resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia provincial que había declarado inadmisible la impugnación fiscal.
El caso investiga un hecho denunciado el 10 de abril de 2020. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el imputado habría abusado sexualmente de una mujer en su domicilio mediante violencia física y amenazas.
En el juicio oral realizado en Puerto Madryn, el acusado fue absuelto por el beneficio de la duda por el tribunal integrado por las juezas Dras. Stella Eizmendi, Patricia Reyes y María Alejandra Hernández. Posteriormente, la Fiscalía intentó revertir esa decisión mediante una impugnación, pero la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia rechazó su tratamiento.
Frente a ello, la Procuración General acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sosteniendo que las resoluciones judiciales habían realizado una valoración fragmentada de la prueba y omitido aplicar estándares obligatorios en casos de violencia de género.
En su resolución, la Corte sostuvo que el caso exige “verificar la debida diligencia reforzada” que corresponde observar en hechos cometidos en contextos de violencia de género y remarcó que debía existir una instancia de revisión amplia sobre la sentencia absolutoria.
Por mayoría, el máximo tribunal nacional hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada, ordenando que se dicte “un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí resuelto”.
La resolución no dispone un nuevo juicio oral ni condena al acusado, sino que obliga a una nueva revisión judicial del caso por parte del Superior Tribunal de Justicia, incorporando la perspectiva de género en el análisis de la prueba y de la sentencia absolutoria.
La investigación fue llevada adelante por la fiscal Dra. María Eugenia Vottero junto al fiscal Dr. Jorge Bugueño, quienes sostuvieron durante todo el proceso que no se habían aplicado adecuadamente los estándares nacionales e internacionales vigentes para juzgar delitos de violencia sexual.
Actualmente, el imputado se encuentra cumpliendo condena por otra causa de abuso sexual dictada en Puerto Madryn por el juez Dr. Daniel Yangüela.
