La audiencia preliminar en la causa que investiga la presunta desaparición y homicidio de Eber “Chujy” Estremador dejó planteos contrapuestos entre la Fiscalía y las defensas de los imputados Gustavo Carreño y Matías Draiye, quienes permanecen bajo medidas de prisión preventiva domiciliaria mientras aguardan una definición judicial.
Durante la audiencia, las defensas solicitaron la nulidad del proceso y cuestionaron la posibilidad de avanzar hacia un juicio oral ante la ausencia del cuerpo de la víctima y de un acta de defunción. En el caso de Draiye, además, se habría solicitado el sobreseimiento.
Según trascendió, los defensores sostuvieron que no existen elementos suficientes para acreditar el fallecimiento de Estremador y rechazaron cualquier vinculación de los acusados con los hechos investigados. También argumentaron que ambos nunca estuvieron en el lugar donde la acusación sitúa la desaparición de la víctima.
Por su parte, la fiscal del caso, María Eugenia Vottero Alberti , habría fundamentado su acusación recurriendo, entre otros antecedentes, al criterio aplicado en la causa por el homicidio de José Abraham Cretton. En ese expediente, el cuerpo de la víctima nunca fue hallado, aunque la Justicia consideró acreditado el crimen mediante un conjunto de pruebas indirectas y condenó a prisión perpetua a los responsables.
Semanas atrás, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó de manera unánime las condenas contra Daniel Andrés Napal y Carlos Julián Peinipil por el homicidio de Cretton, rechazando los planteos de las defensas.
No obstante, los abogados de Carreño y Draiye habrían sostenido que ambos casos presentan diferencias sustanciales y que la ausencia de un cuerpo o de una declaración formal de fallecimiento impide equiparar las situaciones.
Ahora será la jueza Carla Flores quien deberá resolver los planteos formulados durante la audiencia preliminar. De acuerdo con los plazos procesales, cuenta con seis días hábiles para determinar si rechaza las nulidades y habilita la realización del juicio oral o si hace lugar a alguno de los pedidos de la defensa.
Mientras tanto, los imputados continúan bajo arresto domiciliario. Uno de ellos cumple la medida en el domicilio de un familiar con monitoreo mediante tobillera electrónica, mientras que el otro permanece en su vivienda con autorización judicial para realizar actividades laborales.
