En un contexto creciente de conflictos por el cierre de accesos a zonas costeras, comenzó a gestarse la Asociación Civil Libre Acceso a las Playas, una iniciativa impulsada por vecinos, pescadores, profesionales y referentes de distintos puntos de la provincia que buscan garantizar el derecho público de llegar al mar.
El abogado Gómez Lozano, uno de los impulsores, explicó que la organización surge “como una necesidad” ante una problemática que se viene profundizando en los últimos años: el cierre de caminos históricos, tranqueras y accesos tradicionales a sectores costeros, particularmente en la zona que abarca Puerto Madryn, Puerto Pirámides y el valle.
Según detalló, experiencias previas —como los reclamos por el acceso a Punta Pardelas o Bahía Cracker— evidenciaron la necesidad de contar con una estructura formal que represente el interés colectivo. “La idea es crear una persona jurídica que pueda accionar en nombre de la comunidad, tanto ante la Justicia como frente a organismos del Estado”, señaló.
La convocatoria, que se difunde principalmente a través de redes sociales, ya suma adhesiones de distintos sectores. Entre quienes se incorporan hay biólogos, guías de turismo, pescadores artesanales y abogados con antecedentes en causas similares, como el fallo que frenó un loteo en un área protegida de Comodoro Rivadavia o acciones judiciales que garantizaron el acceso de trabajadores algueros en Camarones.
Uno de los puntos centrales del planteo es que el acceso a las costas constituye un derecho público. “Las playas son de uso público y nadie puede impedir el paso. Negar el acceso es negar parte de nuestra identidad patagónica”, remarcan desde la organización.
En ese sentido, también apuntan a la falta de intervención estatal. Según Gómez Lozano, existen recomendaciones —como la emitida por la Defensoría del Pueblo para habilitar el acceso a Punta Pardelas— que no han sido cumplidas. “El Estado no ha tenido una respuesta efectiva, y mientras tanto los conflictos se repiten en distintos puntos de la provincia”, sostuvo.
Además, advirtió que la problemática no es exclusiva del litoral marítimo, sino que se replica en ríos y lagos, donde cada vez hay menos accesos disponibles debido a cierres de campos o restricciones impuestas por propietarios.
UN RESPALDO HISTÓRICO
El reclamo por el acceso público no solo se apoya en normativas actuales, sino también en antecedentes históricos. En 1906, cuando el Estado nacional dispuso la venta de tierras fiscales en la Península Valdés, estableció como condición que los compradores debían ceder superficies para la apertura de caminos y otras obras públicas.
Esa cláusula, incorporada en los títulos de propiedad y transmitida a lo largo de las sucesivas ventas, implica que los propietarios no pueden impedir la creación de accesos. Se trata de una limitación al dominio que responde al interés público y que, según sostienen los impulsores de la asociación, sigue plenamente vigente.
En este marco, la nueva organización busca convertirse en una herramienta colectiva para “recuperar accesos perdidos y preservar los existentes”, promoviendo además un uso responsable de los espacios naturales.
“La idea no es solo abrir caminos, sino también discutir el ordenamiento: manejo de residuos, capacidad de carga, conservación ambiental. El acceso debe ir de la mano del cuidado”, concluyó el abogado.(AUDIO)
